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Con la firma de los Acuerdos de Paz, el 24 de noviembre de 2016, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP ponían fin al conflicto armado más antiguo del continente latinoamericano, medio siglo de enfrentamiento que ocasionó 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7 millones de desplazados.
Tras los Acuerdos de Paz, Ayuda en Acción ha sido testigo y partícipe de este primer año post conflicto, pues la organización trabaja en Colombia desde hace más de una década mejorando las condiciones de vida de más de 18.000 personas de la zona rural, donde las cotas de pobreza y desigualdad son más elevadas y donde también se han sufrido las peores consecuencias del conflicto. En lugares como El Salado, María La Baja o La Mojana, trabaja al lado de las víctimas, apoyándolas en la recuperación de sus vidas y en la construcción de paz.
La principal consecuencia de la paz ha sido la reducción en el número de víctimas. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, el proceso de paz en Colombia ya ha evitado la muerte de casi 2.800 personas entre agosto de 2016 y junio de 2017. Y el siguiente logro destacado es, sin lugar a dudas, el desarme completo de las FARC-EP que, si bien no estuvo exento de retrasos e incumplimientos, se materializó el pasado mes de junio bajo la supervisión de la Misión de Naciones Unidas para Colombia.
En cuanto a los retos, continuar con la implementación de los acuerdos –en concreto, materializar la Justicia Especial para la Paz– y hacerlos sostenibles en el marco de las elecciones presidenciales de mayo de 2018; que los beneficios de dicha implementación sean tangibles en las zonas rurales donde el Estado históricamente ha estado menos presente; y poner fin a la persecución de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, que se ha visto incrementada en un 30% en el último año.
25N - Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: Violencia sexual y conflicto armado en Colombia
En el marco del primer aniversario de los Acuerdos de Paz, reivindicamos que las mujeres fueron uno de los colectivos más castigados de manera ininterrumpida durante las más de cinco décadas de conflicto. Según un informe reciente del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1958 y 2017, hay constancia de que 15.076 mujeres sufrieron violencia sexual –el 91,6% de las víctimas de este delito–, en su mayoría, adolescentes entre 15 y 19 años.
Yirley Velasco es una de las víctimas de la masacre de El Salado, una de las más crueles del conflicto armado de Colombia. Fue violada de forma colectiva por cuatro paramilitares cuando tenía 14 años. En esa violación, de la que arrastra secuelas físicas y emocionales, se quedó embarazada de su primera hija. "A mí me quedaron muchas cicatrices, tanto físicas como espirituales, pero hoy en día puedo decir que estoy viva y si estoy viva es por algo. Lo he superado porque sigo en la lucha, apoyando a las mujeres". Actualmente Yirley es presidenta de la asociación Mujer y Vida, formada por 14 mujeres víctimas de violencia sexual en las Veredas de El Salado. Su testimonio es un ejemplo de la capacidad de perdón de los colombianos, en pleno proceso de construcción de paz.
Kely, Jairo y Miguel: el conflicto, bajo la mirada de la exclusión y el campesinado
Kely Aguilera es directora de la Corporación ECOSS, socio local de Ayuda en Acción en La Mojana. Su testimonio desvela por qué el miedo y la falta de visibilidad de este territorio han impedido que la población se reconozca como víctima y, por tanto, tampoco reconozca la necesidad de un proceso de paz o de reconciliación. El trabajo con jóvenes es uno de los principales focos para superar las consecuencias de la violencia en esta zona conocida como la “tierra del agua”.
Jairo Barreto es miembro del espacio de Organizaciones de Población Desplazada de Montes de María (OPDS), apoyada por Ayuda en Acción. Participó en los diálogos de paz de La Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP representando a los campesinos que, como él, se vieron obligados a abandonar sus tierras. Jairo sufre acoso y persecución, algo de lo que también son víctimas miles de líderes comunitarios en todo el país.
Miguel Flórez Garay es técnico pecuario de la Corporación Desarrollo Solidario-CDS, con la que trabaja Ayuda en Acción en María La Baja. Su día a día, vinculado a la producción agrícola de la región, le ha permitido ver cómo esta tierra fértil –considerada una de las principales despensas de alimentos de Colombia– se está convirtiendo en un “desierto verde”, debido al monocultivo de palma africana. Con su testimonio, defiende la biodiversidad de los Montes de María y denuncia la presión a la que se ven sometidos muchos campesinos para obligarlos a vender sus tierras, bajo amenazas del tipo “si tú no me vendes, me vende la viuda”.
