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La novena Cumbre de las Américas, que este año se celebra en Los Ángeles el 9 y 10 de junio, tiene como lema “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”. Uno de los retos que se abordan en el encuentro será la adopción de compromisos que posicionen a los países y sus poblaciones en una mejor situación de partida ante la aplicación de cambios que promuevan un futuro más inclusivo y sostenible.
Según Alberto Casado, director de incidencia política de Ayuda en Acción, organización que participa al encuentro, “esta cumbre debería servir para asumir que el mayor reto común es la lucha contra la pobreza y la desigualdad, un elemento que caracteriza a la región. Cualquier política o estrategia que se adopte debe vincularse a ese objetivo, más aún si se trata de energía verde y transición ecológica”.
Impulsar una economía verde y circular
Al fuerte impacto ante el cumplimiento de derechos humanos que ha supuesto la pandemia se une ahora la crisis alimentaria que se avecina como consecuencia de la guerra en Ucrania. Por eso es “hoy más necesario que nunca avanzar apostando por una economía verde y circular que no deje a nadie atrás”, aseguran desde la organización.
Coincidiendo con una de sus líneas estratégicas (la adaptación al cambio climático), Ayuda en Acción ante el inicio de esta cumbre se muestra preocupada con la forma en que las políticas que son necesarias se pondrán en marcha: “tememos una repercusión directa en cuanto a brechas y acceso en igualdad y equidad a sus derechos por parte de la población más vulnerable”. señala Alberto Casado.
La pérdida de espacios y recursos naturales, así como la distribución de estos últimos, la falta de gestión eficiente de residuos o la falta de planificación y adaptación ante el cambio climático son algunas de las preocupaciones que organizaciones como Ayuda en Acción llevarán a la cumbre. Todas estas cuestiones, hasta ahora, han dejado en una situación de desventaja a las poblaciones que viven en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, de manera muy especial a las poblaciones indígenas y campesinas.
La ONG pone también sobre la mesa la necesidad de hacer un esfuerzo en la difusión de políticas y normativas que fomenten la transición hacia soluciones de energía limpia, hasta ahora con poca difusión y por tanto mínimo conocimiento por parte de la población local. “Es necesario invertir en capacitación técnica, conocimiento y apoyo financiero, sobre todo en las comunidades más remotas y en las familias con menos recursos”, afirma Alberto Casado. Ayuda en Acción señala, además, a la brecha digital como uno de los grandes impedimentos a la hora de avanzar en esta nueva era que representa la economía verde y circular.
Recomendaciones para los países participantes en la Cumbre de las Américas
Desde Ayuda en Acción se considera el acceso a la energía un derecho, que además funciona como palanca del desarrollo. Durante los últimos meses se ha trabajado en base a ello para presentar una propuesta de recomendaciones a los Estados que participarán en la cumbre:
- Es imprescindible el diseño de políticas públicas que aseguren el aprovechamiento sostenible de los recursos.
- Es necesario contar con políticas de prevención de emergencias y gestión de riesgos vinculados a desastres naturales.
- Urge reducir la deforestación y proteger espacios naturales que sirven como sumideros frente al cambio climático (manglares o humedales).
- Las políticas de protección ambiental y transición energética deben promover la justicia e inclusión social así como la participación de la población desde su definición a su puesta en marcha y evaluación.
- Es necesario impulsar un sistema de mercados inclusivos que permita el acceso a toda la población mejorando así los niveles de seguridad alimentaria, la creación de empleo y el clima de inversiones.
- La digitalización debe realizarse teniendo en cuenta a las poblaciones, administraciones y empresas locales a través de sistemas e infraestructuras accesibles. Será necesario invertir en capacitación y desarrollo de habilidades digitales entre la población más vulnerable y contemplar ofertas tecnológicas adaptadas a la pequeña agricultura familiar.
