En los próximos días se procederá al debate y votación de las enmiendas al proyecto de Presupuesto Generales del Estado 2017 y que, desde la perspectiva de la Plataforma de Infancia, están lejos de garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en España. A pesar de que los problemas que enfrenta la infancia suponen la temática sobre la que mayor preocupación han manifestado los diputados y diputadas, alcanzando un 5,78% de las iniciativas de la actividad de las Cortes Generales, problemas como la pobreza infantil o la calidad de la educación pública, entre otros, están muy lejos de verse solucionados con el abordaje de estos Presupuestos.
Y más viniendo de un proceso en el que, según los datos de la Contabilidad Nacional, el gasto en protección social dedicado a familia y niños por el conjunto de las administraciones públicas se redujo de 8.832 millones de euros en 2009 a 6.431 en 2014 (2.401 M€, un 27%) y solo se recuperó algo en 2015, quedándose en un 21% menos que en 2009. La reducción acumulada en estos seis años es de 11.544 millones de euros.
En la presentación del borrador presupuestario, se hizo mención a los 342 millones de euros de dotación para reducir la pobreza infantil. Se trata de una cuantía muy distinta a los 1.000 millones que se planteaban en el pacto de Investidura del Partido Popular y Ciudadanos, y que ambos partidos aprobaron el pasado 28 de agosto como compromiso para la investidura del actual jefe de Gobierno. Además, esta previsión no sólo no responde al compromiso asumido, sino que supone un incremento de apenas 25 millones de euros frente a los Presupuestos de 2016.
La suma de los 342 millones de euros presentados surge de la fusión de dos partidas: la de “Apoyo a la familia e infancia” y la de “Programas de servicios sociales” que se incrementa en 24,59 millones de euros frente a 2016 y a la que se suman las partidas ya existentes en 2016 del Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados para la atención a las familias con menores refugiados por 140 millones y el Programa FEAD Fondo de Ayuda Europea para los más Necesitados que contará con 102 millones de euros en 2017.
En este sentido, desde la Plataforma de Infancia lamentamos que el incremento real de las partidas destinadas a paliar la pobreza infantil no supere los 25 millones de euros con respecto a 2016, pese a los preocupantes datos sobre la infancia recientemente publicados por el INE, que cifran en un 29,1% la población de niños, niñas y adolescentes que en España se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y riesgo, lo que los convierte, a ellos y a sus familias, en el colectivo más afectado por la crisis económica y financiera.
“Es necesario que los grupos parlamentarios y el Gobierno asuman la envergadura del drama que viven millones de niños y niñas en España, y que se asuma la responsabilidad de Estado que se tiene con ellos”, reclama Adolfo Lacuesta Antón, presidente de la Plataforma de Infancia. “La inversión en los niños y niñas es fundamental para su bienestar pero también tiene consecuencias de gravedad para sus oportunidades futuras”, afirma Lacuesta.
Las entidades que integran la Plataforma de Infancia consideran que los Presupuestos Generales del Estado 2017 no contemplan adecuadamente esta realidad, y no han tenido en cuenta a la infancia en su elaboración. El propio Comité de los Derechos del Niño indicó a España en 2010 la necesidad de aplicar “un enfoque basado en los derechos del niño cuando prepare el presupuesto del Estado y de las comunidades autónomas, aplicando un sistema de seguimiento a la asignación y el uso de los recursos destinados a los niños en todo el presupuesto, de manera que se ponga de relieve la inversión en la infancia”.
En este sentido, la Plataforma de Infancia recuerda que dicho Comité recomendó la elaboración de presupuestos relativos a los niños y niñas en los que se determine el importe y la proporción del gasto destinado a estos a nivel nacional, autonómico y local, a fin de evaluar las repercusiones y los efectos de dicho gasto en la infancia. A pesar de que la Ley 26/2015, de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia contempla la obligatoriedad de elaborar memorias de análisis de impacto normativo en la infancia y adolescencia, esta cuestión no se ha tenido en cuenta en los actuales Presupuestos Generales del Estado.
A pesar de esta realidad, “esperamos que los Presupuestos Generales del Estado mejoren en el proceso de enmiendas que se prevé tenga lugar en los próximos días en el Congreso de los Diputados”, apunta Lacuesta. La Plataforma de Infancia, como representante de cerca de 60 ONG dedicadas a trabajar por el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en España, considera fundamental incrementar la inversión en la infancia en estos presupuestos.
Es necesario aplicar adecuadamente la recomendación de la Comisión Europea de 2013 y mejorar cómo se invierte en la infancia. A día de hoy, España tan sólo destina el 1,3% del PIB a protección social a la infancia, lejos del 2,3% de la media UE.
Para ello, la Plataforma reclama que se tomen en consideración todas aquellas enmiendas que supongan un incremento en la inversión en la infancia, especialmente en lo relativo a aumentar la actual prestación por hijo a cargo en cuanto al número de beneficiarios y la cuantía a percibir, así como a incrementar la dotación de las partidas de programa para la lucha contra la pobreza infantil.
“Esperamos que se tenga en consideración estas enmiendas y que el Gobierno asuma la necesidad de impulsar un Pacto de Estado por la Infancia que garantice que la infancia no sea la principal afectada por situaciones de crisis”, destaca Lacuesta.
