Ayer tuvo lugar la ceremonia de entrega de la I edición de los Premios Compliance impulsados por el periódico Expansión, junto con el patrocinio de Deloitte Legal y SAP, y la colaboración académica de la escuela de negocios Esade. Estos premios buscaban reconocer la labor de las organizaciones que hubieran destacado por su especial contribución al desarrollo del Compliance, haciendo gala del mejor desempeño en las funciones exigidas en dicho ámbito.
Dentro de las seis categorías que recogía dicha edición, Ayuda en Acción fue finalista en la de Pymes, cuyo objetivo era identificar aquella organización que contase con un modelo de Compliance que garantice no solo el cumplimiento de las obligaciones normativas internas o externas que le puedan afectar, sino también, que cuente con los procedimientos, herramientas y personas adecuadas.
A dicha entrega asistió la Chief Compliance Officer de la Fundación, Laura Gonzalvo Diloy, quien considera este hecho como un reconocimiento a la labor de la organización en este ámbito, que trabaja por difundir a nivel externo dicha tarea ante la necesidad de visibilizar el recorrido que existe en Tercer Sector en la materia: “Esta labor ha supuesto un enorme reto para la Ayuda en Acción, ya que por un lado estamos presentes en países con un contexto social, político y económico muy volátil y débil, y por otro lado contamos con recursos humanos y económicos muy limitados destinados al ámbito del Compliance, puesto que nos debemos al cumplimiento de nuestros fines misionales y por tanto la mayoría de nuestra financiación se destina a la propia intervención”.
Durante el ejercicio 2018 Ayuda en Acción ha puesto en marcha un modelo de gestión de riesgos institucionales, que permite identificar, analizar, evaluar, gestionar y comunicar los riesgos asociados a nuestra estrategia y operativa, asegurando un marco general de gestión adecuado a las amenazas e incertidumbres inherentes a nuestros procesos y al entorno en el que operamos. Además, la organización ha implementado un modelo de prevención de delitos penales y su propio Código de Conducta, con el fin de fomentar una “cultura de cumplimiento” en el seno de la organización, mucho más allá de las obligaciones legales a las que estamos sujetos: “estamos expuestos a un riesgo reputacional crítico, no sólo vinculado a posibles escándalos asociados a la propia organización, sino también derivado de otras organizaciones del Sector, puesto que el “efecto dominó” es un hecho”, afirma Gonzalvo. Todo ello está acompañado del diseño de un canal de denuncias, habilitado y accesible a todos los grupos de interés de la organización, incluidos nuestros beneficiarios.