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La nueva normalidad trae consigo un nuevo reto: afrontar las consecuencias económicas y sociales de la crisis de la COVID-19. Desde Ayuda en Acción consideramos que nueva etapa supone una gran oportunidad para poner en marcha políticas específicas destinadas a la infancia y así, garantizar que todos los niños y niñas de nuestro país acceden a los mismos derechos y las mismas oportunidades. Para contribuir a ello, hemos remitido a la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso una batería de propuestas destinadas a proteger a los niños y niñas y garantizar su acceso a una educación de calidad.
“Nos preocupa especialmente el ámbito educativo porque aquí es donde son más evidentes la desigualdad y la pobreza. Una educación que muchas veces, supone la única herramienta que contamos para que la infancia acceda a mejores oportunidades. El cierre de las aulas ha mostrado, de nuevo, que hay muchos menores que viven en contextos de pobreza estructural que las administraciones deben romper y cambiar. El refuerzo y el apoyo a la infancia más vulnerable, asegurar su acceso a la alimentación saludable; facilitar la conciliación familiar y laboral; la apuesta por la formación de los docentes; y, sobre todo, la inversión en Educación –dotándola de los recursos humanos y económicos necesarios-, deben ser los elementos que marquen nuestra hoja de ruta en esta nueva etapa”, afirma Alberto Casado, director de Incidencia Política de Ayuda en Acción.
Las propuestas remitidas al Congreso para proteger a la infancia
Garantizar el acceso a una educación inclusiva de calidad
• Una educación resiliente para todos y todas. El acceso digital a la educación debe ser una de las prioridades a la hora de asegurar que todos los niños y niñas disponen de las mismas oportunidades educativas.
Para superar la brecha digital, es necesario proporcionar a familias y centros educativos la infraestructura necesaria a través de sistemas de préstamo y conectividad gratuita. Y combinarlo con el desarrollo de un programa de enseñanza mediante plataformas digitales educativas seguras, así como potenciar otros medios de enseñanza a distancia como programas de radio y televisión. Asimismo, se ha de facilitar la formación en competencias TIC tanto al alumnado y sus familias, como a los docentes.
• Que no deje a nadie atrás y proteja especialmente a los colectivos más vulnerables. Proponemos la puesta en marcha de un plan donde todas las administraciones competentes establezcan medidas para que todos los estudiantes continúen en el sistema educativo con las máximas garantías y en igualdad de oportunidades. Invirtiendo en la contratación de docentes para reducir la ratio alumno/profesor. Se debe apostar por el refuerzo escolar durante los meses de verano. Solo así se podrán mitigar las consecuencias educativas y psicoafectivas que ha provocado el confinamiento y la suspensión del curso escolar en su formato presencial. Pero también conseguiremos que el arranque del próximo curso esté lo más nivelado posible. También se hace necesario reforzar los sistemas de protección contra la violencia infantil.
• Segura e inclusiva en un nuevo contexto. Una vez esté garantizada la seguridad de los docentes y todos los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos, los estudiantes deben volver a las clases lo antes posible.
Pero su vuelta al cole ha de ir acompañada de un plan que recoja la incorporación progresiva a los centros educativos. Este deberá contener pautas y medidas de seguridad, y que incluya las que se pondrán en marcha en el caso de que una situación similar se repita. Además, se ha de complementar la formación del alumnado con programas de educación básica en salud y desarrollar campañas de prevención contra el estigma. Y, dada la incertidumbre en la que se encontrarán los centros y las familias al inicio el curso, se ha de asegurar el apoyo continuado y de forma individualizada a todo el alumnado.
Asegurar condiciones de vida saludables para toda la infancia y sus familias
• Proporcionando ayudas a todas las familias que lo necesiten para hacer frente a los gastos de cuidado y alimentación. Es necesario que para la concesión de cualquier tipo de ayudas se tengan en cuenta las circunstancias socioeconómicas de arranque del curso. Así se evitará que personas que hayan podido caer en una situación de pobreza sobrevenida originada por la pandemia, queden atrás.
• Facilitando el acceso y los trámites administrativos a las familias más vulnerables. En contextos de pobreza, la digitalización de los trámites administrativos supone una barrera complicada de rebasar. Así mismo, dotar de estos trámites de un lenguaje más accesible, reforzar los servicios sociales y traducir la información básica a otros idiomas, son medidas que siempre servirán para allanar el acceso a todos los servicios disponibles para las familias en situación de vulnerabilidad.
