Las migraciones y el cambio climático son probablemente los temas más espinosos en muchos espacios de discusión política: desde las conversaciones de bar y los encuentros familiares, hasta las grandes cumbres internacionales en ambas materias, pasando por los enconados debates nacionales en los que retumban cada vez más las voces alejadas de la evidencia científica.
El tratamiento de ambas cuestiones, de forma conjunta, resulta aún más complejo, tanto cuando intentamos analizar el problema de las “migraciones climáticas” como cuando se buscan soluciones. En este artículo intento apuntar algunas claves en ambos sentidos, buscando establecer conexiones entre el nivel global y las realidades locales desde nuestro quehacer como ONG de desarrollo.
El concepto de migración climática es supremamente amplio. Para empezar, los factores medioambientales que originan estos movimientos de población son variados: por un lado, los “desastres naturales repentinos”, como huracanes o inundaciones; por otro, los “fenómenos de evolución lenta”, como pueden ser las sequías y la desertificación. En ambos casos, la probabilidad de que ocurra un desplazamiento de población tiene que ver no solo con la intensidad del desastre sino con las capacidades de respuesta y la vulnerabilidad. Pensemos, por ejemplo, en los huracanes Eta y Iota en Centroamérica. Muchas personas migrantes atendidas por Ayuda en Acción en la ruta migratoria, afirmaban haber emprendido el viaje tras la destrucción de sus hogares y sus ya precarios medios de vida. Situación muy diferente tendríamos en catástrofes naturales en otros contextos, como la erupción del volcán Cumbrevieja en Canarias, donde las posibilidades de recuperación tras la catástrofe son muy superiores. La migración, por tanto, es un fenómeno multicausal en el que entran en juego diferentes variables como pueden ser los niveles de pobreza, la inseguridad o la existencia de fuentes de ingreso alternativas.
Además de la amplitud del fenómeno, tenemos un primer desafío que tiene que ver con la disponibilidad de datos. Si bien contamos con estadísticas relacionadas con los desplazamientos por desastres naturales dentro de los países, resulta mucho más complicado recabar información sobre los movimientos que se originan como consecuencia de un fenómeno de evolución lenta. En estos últimos la relación entre el factor medioambiental (causa) y el desplazamiento (consecuencia) es muy difusa: normalmente responden a múltiples causas y su ocurrencia en el tiempo es mucho más prolongada. Lo habitual es que este tipo de migración sea etiquetada bajo el rótulo de “migración económica”.
En este marco, surgen dos cuestiones fundamentales. La primera tiene que ver con la necesidad de generar vías legales y seguras para la migración, incluyendo mecanismos de protección para los migrantes climáticos. La segunda, está relacionada con la ampliación de las capacidades de adaptación al cambio climático para aquellos que sufren sus consecuencias.
Respecto a la cuestión de las vías legales y en particular la protección de las personas que se desplazan por motivos asociados al medioambiente, es importante recalcar que el término “refugiado climático” no existe como categoría jurídica en el derecho internacional. El instrumento legal más importante, la Convención de Ginebra de 1951, indica que una persona refugiada es quien cruza una frontera porque en su país se le persigue por razones de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. La mayoría de los expertos coinciden en que una reforma de la Convención para incluir el cambio climático entre estas razones no solo es poco viable, sino que podría reducir el alcance y la fuerza del instrumento. Para buscar marcos un poco más esperanzadores, nos toca mirar al sur global, lugar de destino (y procedencia) de la mayoría de migrantes y refugiados del planeta. Aunque de alcance regional y con las dificultades propias del contexto, tenemos la Convención de Kampala de la Unión Africana, único instrumento vinculante que reconoce la obligación de proteger a los migrantes climáticos. En un marco nacional, pero no por ello menos destacable, Argentina ha habilitado este año un visado humanitario para personas afectadas por fenómenos climáticos en Centroamérica y el Caribe, con la posibilidad de convertir este visado en un permiso de residencia permanente.
En Europa, por el contrario, no existe ningún mecanismo de protección de migrantes climáticos y, en un plano más general, la disparidad de respuestas a crisis internacionales recientes despierta suspicacias (comparemos, por ejemplo, la experiencia de los refugiados sirios, frente a la de los ucranianos). Al igual que en otros lugares como Estados Unidos o Australia, el recurso a la externalización de fronteras es cada vez más la pauta para evitar que (determinados) migrantes y solicitantes de asilo toquen la puerta.
La agenda global en torno a la movilidad humana, se articula alrededor delos Pactos Mundiales sobre migraciones y refugiados, instrumentos que, aunque nos son vinculantes para los estados, constituyen una “hoja de ruta” para abordar la cuestión. En el primero de ellos, el objetivo 5 sobre vías legales para la migración clama por el desarrollo de “soluciones” para las personas obligadas a dejar sus hogares debido a situaciones relacionadas con fenómenos de evolución lenta y degradación ambiental. Por su parte, en el objetivo 2 sobre reducción de las dinámicas generadoras de migración, se destaca el cambio climático como uno de los factores que causan desplazamientos y se hace un llamado a redoblar los esfuerzos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, reduciendo así dichos factores. Pese a esta referencia a las cumbres climáticas (encontramos una más en el preámbulo), lo cierto es que en la práctica son pocos los vasos comunicantes entre ambas agendas.
Del lado de la agenda climática, la migración aún no es un asunto abordado de manera sistemática en las COP. Es decir, no existe como punto de la agenda en las cumbres, aunque se aborda en el marco de otras discusiones, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la adaptación al cambio climático y la compensación de daños y pérdidas. Quien haya seguido la última COP27 de Egipto sabrá que el ojo del huracán en esa cumbre ha sido la discusión sobre daños y pérdidas. La cuestión de cómo los países responsables de la crisis climática van a compensar (financieramente) a las naciones pobres que sufren sus consecuencias, incluye también una discusión sobre los desplazamientos climáticos como expresión de dichos impactos. Lamentablemente, son pocos los avances en el tema de daños y pérdidas, y seguramente será aún más complicado llegar a acuerdos sobre las migraciones climáticas en ese contexto. De hecho, existe un debate en el que algunos países en desarrollo consideran que la migración climática debe ser un punto específico en la agenda de las COP, en lugar de ser abordado como una cuestión más dentro del debate de daños y pérdidas.
Que la migración sea un derecho humano, como recoge la Declaración Universal, supone que migrar sea una decisión libre, voluntaria y con derechos. Ello implica a su vez que la permanencia en el lugar de origen debe ser una opción real de disfrute de una vida digna. Las ONG de desarrollo trabajamos por la realización de ese derecho, defendiendo al mismo tiempo que la Cooperación al Desarrollo debe estar alejada de cualquier objetivo relacionado con la contención de flujos migratorios.
En este marco, debemos empezar por entender que la migración es una decisión racional. Las personas migrantes sopesan los pros y contras de su decisión, así como los riesgos y los potenciales beneficios. Sobre ambas cuestiones suelen estar más informados de lo que pensamos: conocen bien lo que han padecido quienes se han echado al mar o han cruzado a pie un desierto. Y por muy fuertes que sean los incentivos de una mejor vida en el norte, también existen fuerzas “centrípetas” que refuerzan el vínculo con el lugar de origen. El sentido de pertenencia a un grupo social, la conexión con un territorio y sus recursos naturales, la cultura y los modos de vida como patrimonio intangible de una comunidad de personas… ¿No es mucho lo que se deja atrás cuando se migra?
En las discusiones sobre las migraciones tradicionalmente se ha puesto el foco en los factores adversos, o “de expulsión”, que generan desplazamiento. Pero mucho menos se habla de los elementos que generan arraigo. Desde Ayuda en Acción, hemos intentado contribuir al debate, dándoles la vuelta a los términos de la discusión. En lugar de preguntarnos por lo que expulsa a la gente, ¿por qué no preguntarnos por aquello que refuerza el vínculo? El informe “Migraciones: Estudio sobre medios de vida y factores psicosociales que fortalecen el arraigo”, busca respuestas a ese interrogante.
En esa misma línea, y de nuevo mirando al sur global en búsqueda de esperanzas, existen multitud de prácticas que buscan fortalecer el arraigo. Desde una perspectiva de adaptación al cambio climático, trabajamos de la mano del Instituto Internacional para la Investigación en Ganadería (ILRI, por sus siglas en inglés) en la implantación de los llamados “seguros ganaderos basados en índices climáticos”. Estos seguros utilizan información satelital para anticipar episodios de sequía que pueden comprometer la supervivencia del ganado. En lugar de pagar por los daños (como lo harían los seguros tradicionales), los desembolsos están destinados a prevenir la muerte de los animales. De esta forma, se busca dotar de una herramienta de adaptación al cambio climático a las comunidades de pastores del sur de Etiopía, ayudándoles a fortalecer sus medios de subsistencia y la trashumancia como forma de vida en riesgo de desaparecer.
La migración es —y será cada vez más— una forma de adaptación al cambio climático. Es importante por tanto entender que, más que un problema, la movilidad humana es una solución (no la única) a una crisis climática en la que existen responsables y víctimas. Saldar la “deuda climática” pasa por un reparto justo de las cargas de la transición a una economía descarbonizada y de los costes de la adaptación al cambio climático, incluyendo la posibilidad de imaginar un mundo en el que migrar no implique renunciar a los derechos más elementales.
El tratamiento de ambas cuestiones, de forma conjunta, resulta aún más complejo, tanto cuando intentamos analizar el problema de las “migraciones climáticas” como cuando se buscan soluciones. En este artículo intento apuntar algunas claves en ambos sentidos, buscando establecer conexiones entre el nivel global y las realidades locales desde nuestro quehacer como ONG de desarrollo.
El concepto de migración climática es supremamente amplio. Para empezar, los factores medioambientales que originan estos movimientos de población son variados: por un lado, los “desastres naturales repentinos”, como huracanes o inundaciones; por otro, los “fenómenos de evolución lenta”, como pueden ser las sequías y la desertificación. En ambos casos, la probabilidad de que ocurra un desplazamiento de población tiene que ver no solo con la intensidad del desastre sino con las capacidades de respuesta y la vulnerabilidad. Pensemos, por ejemplo, en los huracanes Eta y Iota en Centroamérica. Muchas personas migrantes atendidas por Ayuda en Acción en la ruta migratoria, afirmaban haber emprendido el viaje tras la destrucción de sus hogares y sus ya precarios medios de vida. Situación muy diferente tendríamos en catástrofes naturales en otros contextos, como la erupción del volcán Cumbrevieja en Canarias, donde las posibilidades de recuperación tras la catástrofe son muy superiores. La migración, por tanto, es un fenómeno multicausal en el que entran en juego diferentes variables como pueden ser los niveles de pobreza, la inseguridad o la existencia de fuentes de ingreso alternativas.
Además de la amplitud del fenómeno, tenemos un primer desafío que tiene que ver con la disponibilidad de datos. Si bien contamos con estadísticas relacionadas con los desplazamientos por desastres naturales dentro de los países, resulta mucho más complicado recabar información sobre los movimientos que se originan como consecuencia de un fenómeno de evolución lenta. En estos últimos la relación entre el factor medioambiental (causa) y el desplazamiento (consecuencia) es muy difusa: normalmente responden a múltiples causas y su ocurrencia en el tiempo es mucho más prolongada. Lo habitual es que este tipo de migración sea etiquetada bajo el rótulo de “migración económica”.
En este marco, surgen dos cuestiones fundamentales. La primera tiene que ver con la necesidad de generar vías legales y seguras para la migración, incluyendo mecanismos de protección para los migrantes climáticos. La segunda, está relacionada con la ampliación de las capacidades de adaptación al cambio climático para aquellos que sufren sus consecuencias.
El debate internacional: de la protección de los migrantes climáticos a las cumbres del clima
Respecto a la cuestión de las vías legales y en particular la protección de las personas que se desplazan por motivos asociados al medioambiente, es importante recalcar que el término “refugiado climático” no existe como categoría jurídica en el derecho internacional. El instrumento legal más importante, la Convención de Ginebra de 1951, indica que una persona refugiada es quien cruza una frontera porque en su país se le persigue por razones de raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. La mayoría de los expertos coinciden en que una reforma de la Convención para incluir el cambio climático entre estas razones no solo es poco viable, sino que podría reducir el alcance y la fuerza del instrumento. Para buscar marcos un poco más esperanzadores, nos toca mirar al sur global, lugar de destino (y procedencia) de la mayoría de migrantes y refugiados del planeta. Aunque de alcance regional y con las dificultades propias del contexto, tenemos la Convención de Kampala de la Unión Africana, único instrumento vinculante que reconoce la obligación de proteger a los migrantes climáticos. En un marco nacional, pero no por ello menos destacable, Argentina ha habilitado este año un visado humanitario para personas afectadas por fenómenos climáticos en Centroamérica y el Caribe, con la posibilidad de convertir este visado en un permiso de residencia permanente.
En Europa, por el contrario, no existe ningún mecanismo de protección de migrantes climáticos y, en un plano más general, la disparidad de respuestas a crisis internacionales recientes despierta suspicacias (comparemos, por ejemplo, la experiencia de los refugiados sirios, frente a la de los ucranianos). Al igual que en otros lugares como Estados Unidos o Australia, el recurso a la externalización de fronteras es cada vez más la pauta para evitar que (determinados) migrantes y solicitantes de asilo toquen la puerta.
La agenda global en torno a la movilidad humana, se articula alrededor delos Pactos Mundiales sobre migraciones y refugiados, instrumentos que, aunque nos son vinculantes para los estados, constituyen una “hoja de ruta” para abordar la cuestión. En el primero de ellos, el objetivo 5 sobre vías legales para la migración clama por el desarrollo de “soluciones” para las personas obligadas a dejar sus hogares debido a situaciones relacionadas con fenómenos de evolución lenta y degradación ambiental. Por su parte, en el objetivo 2 sobre reducción de las dinámicas generadoras de migración, se destaca el cambio climático como uno de los factores que causan desplazamientos y se hace un llamado a redoblar los esfuerzos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, reduciendo así dichos factores. Pese a esta referencia a las cumbres climáticas (encontramos una más en el preámbulo), lo cierto es que en la práctica son pocos los vasos comunicantes entre ambas agendas.
Del lado de la agenda climática, la migración aún no es un asunto abordado de manera sistemática en las COP. Es decir, no existe como punto de la agenda en las cumbres, aunque se aborda en el marco de otras discusiones, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la adaptación al cambio climático y la compensación de daños y pérdidas. Quien haya seguido la última COP27 de Egipto sabrá que el ojo del huracán en esa cumbre ha sido la discusión sobre daños y pérdidas. La cuestión de cómo los países responsables de la crisis climática van a compensar (financieramente) a las naciones pobres que sufren sus consecuencias, incluye también una discusión sobre los desplazamientos climáticos como expresión de dichos impactos. Lamentablemente, son pocos los avances en el tema de daños y pérdidas, y seguramente será aún más complicado llegar a acuerdos sobre las migraciones climáticas en ese contexto. De hecho, existe un debate en el que algunos países en desarrollo consideran que la migración climática debe ser un punto específico en la agenda de las COP, en lugar de ser abordado como una cuestión más dentro del debate de daños y pérdidas.
La adaptación al cambio climático: soluciones desde las ONG
Que la migración sea un derecho humano, como recoge la Declaración Universal, supone que migrar sea una decisión libre, voluntaria y con derechos. Ello implica a su vez que la permanencia en el lugar de origen debe ser una opción real de disfrute de una vida digna. Las ONG de desarrollo trabajamos por la realización de ese derecho, defendiendo al mismo tiempo que la Cooperación al Desarrollo debe estar alejada de cualquier objetivo relacionado con la contención de flujos migratorios.
En este marco, debemos empezar por entender que la migración es una decisión racional. Las personas migrantes sopesan los pros y contras de su decisión, así como los riesgos y los potenciales beneficios. Sobre ambas cuestiones suelen estar más informados de lo que pensamos: conocen bien lo que han padecido quienes se han echado al mar o han cruzado a pie un desierto. Y por muy fuertes que sean los incentivos de una mejor vida en el norte, también existen fuerzas “centrípetas” que refuerzan el vínculo con el lugar de origen. El sentido de pertenencia a un grupo social, la conexión con un territorio y sus recursos naturales, la cultura y los modos de vida como patrimonio intangible de una comunidad de personas… ¿No es mucho lo que se deja atrás cuando se migra?
En las discusiones sobre las migraciones tradicionalmente se ha puesto el foco en los factores adversos, o “de expulsión”, que generan desplazamiento. Pero mucho menos se habla de los elementos que generan arraigo. Desde Ayuda en Acción, hemos intentado contribuir al debate, dándoles la vuelta a los términos de la discusión. En lugar de preguntarnos por lo que expulsa a la gente, ¿por qué no preguntarnos por aquello que refuerza el vínculo? El informe “Migraciones: Estudio sobre medios de vida y factores psicosociales que fortalecen el arraigo”, busca respuestas a ese interrogante.
En esa misma línea, y de nuevo mirando al sur global en búsqueda de esperanzas, existen multitud de prácticas que buscan fortalecer el arraigo. Desde una perspectiva de adaptación al cambio climático, trabajamos de la mano del Instituto Internacional para la Investigación en Ganadería (ILRI, por sus siglas en inglés) en la implantación de los llamados “seguros ganaderos basados en índices climáticos”. Estos seguros utilizan información satelital para anticipar episodios de sequía que pueden comprometer la supervivencia del ganado. En lugar de pagar por los daños (como lo harían los seguros tradicionales), los desembolsos están destinados a prevenir la muerte de los animales. De esta forma, se busca dotar de una herramienta de adaptación al cambio climático a las comunidades de pastores del sur de Etiopía, ayudándoles a fortalecer sus medios de subsistencia y la trashumancia como forma de vida en riesgo de desaparecer.
La migración es —y será cada vez más— una forma de adaptación al cambio climático. Es importante por tanto entender que, más que un problema, la movilidad humana es una solución (no la única) a una crisis climática en la que existen responsables y víctimas. Saldar la “deuda climática” pasa por un reparto justo de las cargas de la transición a una economía descarbonizada y de los costes de la adaptación al cambio climático, incluyendo la posibilidad de imaginar un mundo en el que migrar no implique renunciar a los derechos más elementales.
(*Artículo escrito por: Pablo Uribe, responsable de migración en Ayuda en Acción)
