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La pobreza infantil en España debe combatirse no solo desde las calles sino también desde la política. Vivimos en una sociedad más moderna, más conectada, con muchas más ventajas, pero parece que más desigual y menos homogénea socioeconómicamente de lo que nos gustaría; una de cada cinco personas en nuestro país está en riesgo de pobreza y exclusión.
En Ayuda en Acción no nos cansamos de repetir las estadísticas, que siguen señalando que 1 de cada 3 niños y niñas están en riesgo de exclusión y pobreza; que de los 8,3 millones de menores que viven entre nosotros, hay un 11%, que lo hacen en hogares donde ninguna persona adulta tiene trabajo; y que ya hay un 7% de la infancia que vive en pobreza material y severa. Respecto a las vacaciones y actividades de ocio educativo, sepan ustedes, que en la España actual, el 40% de los hogares no puede permitirse ni una semana de vacaciones al año y que el 61% de la infancia vulnerable no pudo participar en actividades lúdicas el año pasado.
No sé para ustedes, pero parece que se haya establecido en nuestra sociedad y en la política una aceptación estructural de la pobreza infantil en España. Para la organización para la que trabajo y para nuestro programa Aquí también, que apoya a la infancia vulnerable en España, todos estos datos suponen, mejor dicho, siguen suponiendo una emergencia nacional, a la que hay que dar respuesta.
Por todo esto, en verano queremos reivindicar también que la política es cosa de niños, porque las decisiones (o la falta de ellas) que toman los Gobiernos y el Parlamento les afectan directamente. Que la infancia haya sido el colectivo más perjudicado durante la crisis económica es un reflejo de una realidad. Los problemas de la infancia los solucionan únicamente sus familias, y si estas no pueden porque a veces las cosas “vienen de malas”, los recursos de los que las Administraciones disponen no son los suficientes para aliviar la situación de los más vulnerables.
La política sí es cosa de niños porque muchas de las carencias que tiene en la actualidad nuestra infancia, como ya venimos diciendo las organizaciones que trabajamos con ella en España, no son únicamente fruto de los años más duros de la crisis (por cierto, en los colegios en donde trabajamos, 68 en 11 comunidades autónomas, “la crisis” sigue siendo una realidad), sino de años de abandono de las políticas públicas de protección a la infancia que han descargado la responsabilidad en las familias. O sea, si tienes familia ocúpate tú mientras que, por otro lado, se anima de vez en cuando al incremento de la natalidad.
¿Por qué sucede esto? Pues es complicado de responder, pero se me adivina que una de las causas puede ser el que los niños y las niñas no son “nadie” políticamente. No tienen rédito político, no votan, no son un público interesante a la hora del cumplimiento de los compromisos. Parece que se tiende a pensar que para atender a sus necesidades básicas están, únicamente, su padre y su madre. La Convención de Derechos del Niño, sin embargo, no es de la misma opinión. Señala claramente que deben ser los Estados los encargados de garantizar que todos los niños y niñas acceden y disfrutan, en equidad, de todos los derechos y que, además, son los primeros de la lista a la hora de decidir entre unas partidas y otras.
Ya vimos en los últimos Presupuestos Generales del Estado 2017, que el compromiso inicial del Gobierno de 1.000 millones de euros que se planteó en el pacto de investidura como compromiso para reducir la pobreza infantil, quedó reducido a 342 millones. Es cierto que en términos absolutos suponen un incremento respecto al año pasado, sí, pero solo de 25 millones, una cantidad menos impresionante que la anunciada y necesitada.
No sé si alguna vez los niños y niñas votarán, pero mientras tanto, son el Gobierno y el Parlamento quienes deben velar por que toda la infancia en España acceda y disfrute de todos sus derechos amparados en la Convención de Derechos del Niño y a través de la política erradicar la pobreza infantil del país.
