La gestión de la migración es, sin duda, uno de los principales retos globales a los que nos enfrentamos como sociedad y que está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de nuestras sociedades y de la comunidad internacional en su conjunto.
Nos preocupan los discursos xenófobos y racistas entorno a la migración, por eso desde Ayuda en Acción creemos que es necesario hacer una reflexión realista, y con datos, sobre el derecho que tenemos todas las personas a perseguir una vida digna. Tienes dudas, te las resolvemos.
Sí. Explícitamente reconocido en los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Textualmente: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su lugar de residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.
Los derechos humanos son iguales e inalienables para todas, insisto, todas las personas. Es cierto que el acceso a ellos conlleva un coste para los Estados, pero no por esto se debe negar su existencia o dejar de exigir su defensa para todas las personas, en todos los lugares del mundo. Pero no es sólo responsabilidad de los Estados, espacios comunes como la Unión Europea se convierten en foros responsables, y claves, a la hora de exigir que el derecho a migrar se cumpla.
Falso. Entre el 1 de enero y el 5 de agosto de este año han llegado a las costas mediterráneas europeas 59.271 personas; en el mismo período de 2017 fueron 117.102. No lo decimos nosotros, son datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), principal organismo intergubernamental en el ámbito de la migración.
Y aclaramos que un solo país no es el receptor de todas estas personas. En los dos casos anteriores, las cifras se reparten principalmente entre 5 países mediterráneos: Italia, Malta, Grecia, Chipre y España.
Puestos a dar datos, también os dejo la cifra total de personas que han perdido la vida -o desaparecido- en esa misma ruta. En 2017 fueron 2.418; este año ya vamos por 1.514, y subiendo.
OK. Hagamos las cuentas. En el caso de España, cojamos el dato de 2018 de la OIM: 23.741 personas han llegado a nuestro país (vía mediterránea) en los primeros 7 meses del año. ¿Qué significa recibir 23.741 personas en 7 meses? La población actual de España es de 46.659.302 personas –datos del INE a 25 de junio de 2018-; si hacemos una regla de tres simple, los 23.741 migrantes en cuestión representan el [ponga aquí el adjetivo que mejor le parezca] porcentaje del 0.05% de la población de España. Vaya, pues va a ser que no son tantos…
Más cuentas. Según los mismos datos del INE, en España hay actualmente 4.572.055 personas extranjeras. Repetimos la regla de tres y, ¿cuál es el resultado? El porcentaje de población extranjera en España es del 9.79%. De hecho, desde 2013 hasta la actualidad, el número de extranjeros residentes en España ha descendido en 500.625 personas.
Pero lo mejor de todo viene ahora: ¿de qué países procede ese 9.79% de población extranjera que vive en España? Pues en los 15 países con mayor representación encontramos: 7 países europeos comunitarios (Reino Unido, Italia, Rumanía, Alemania, Bulgaria, Francia y Portugal); 4 de América Latina (Colombia, Ecuador, Venezuela y Argentina); y los 4 restantes son Marruecos, China, Ucrania y Rusia. Es decir, sólo un país africano (Marruecos) tiene una muestra representativa de población en las estadísticas nacionales que, concretamente, es del 1.46% del total de la población española.
Y un dato más de regalo, por si surge la duda: El porcentaje de migrantes internacionales en relación a la población mundial es del 3.4%, es decir, unos 258 millones de personas aproximadamente; la población mundial ya supera los 7.641.206.000 millones (cuando leas este texto, esa cifra habrá aumentado, puedes comprobarla en este contador tan chulo en tiempo real).
Desde el punto de vista financiero son numerosos los informes, entre otros del Banco Mundial, que aseguran que el 85% de los ingresos que obtienen los migrantes repercuten en las economías de las sociedades que los acogen. El 15% restante se envía a sus países de origen como remesas. Es decir, la migración es beneficiosa para los países de acogida y para los de origen.
Por lo general, este punto suele dar paso a otro debate, el de que la solución para “frenar” la migración está en invertir más en ayuda al desarrollo. En febrero de este año, el Center of Global Development publicaba el informe Disuadir la migración con ayuda extranjera, entre sus principales conclusiones destacamos dos.
La primera, para lograr ese cambio en los flujos migratorios serían necesarios niveles mucho más elevados de financiación que los actuales y también deberían hacerse durante varias generaciones. Por no irnos muy lejos, el gobierno español ha reducido un 70% los fondos destinados a ayuda oficial al desarrollo sólo en la última década, estando actualmente en el 0.22% de la Renta Nacional Bruta (RNB).
Y dos, es necesario replantear las políticas que pretenden “ponerle puertas al campo de la migración”, enfocándose en la búsqueda de soluciones que cambien los motivos que llevan a las personas a migrar, en lugar de hacerlo en la disuasión o la prohibición.
Volviendo al tema que nos ocupa, ¿qué dicen los datos? Pues que en 2017 los migrantes transfirieron mundialmente remesas por un valor estimado de 596.000 millones de dólares, de los cuales, 450.000 tuvieron como destino países en desarrollo, esta cantidad triplica la cifra de ayuda oficial al desarrollo a escala mundial.
Nuestro posicionamiento como organización es claro y está alineado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos: la movilidad humana es un derecho. Por ello, llevamos tiempo pidiendo soluciones a la situación de desprotección y vulneración de derechos que sufren millones de personas migrantes y refugiadas en todo el mundo.
Cierto es que los Estados tienen también el derecho a exigir la seguridad en sus fronteras y la capacidad para decidir quién entra y permanece en su territorio pero, tal y como aseguraba António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, en su informe Making migration work for all (‘Conseguir que la migración funcione para todos’): “El reto básico al que nos enfrentamos radica en potenciar al máximo los beneficios de la migración en lugar de obsesionarnos con reducir los riesgos (…) las políticas contraproducentes dirigidas a restringir la migración merman el poder de los Estados de atender estas prioridades y elevan la vulnerabilidad de los migrantes (…) Necesitamos un concepto de seguridad que fomente a la vez la seguridad de los Estados, el público y los migrantes”.
La gobernanza y gestión de las migraciones no son responsabilidad únicamente de los países de origen o de los de destino, sino que se trata de una cuestión global. De ahí la importancia de pactos mundiales como los de migración y refugio que se firmarán en los próximos meses bajo el auspicio de Naciones Unidas, y que son cruciales para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del compromiso de los Estados firmantes de no dejar a nadie atrás.
Lo dicho. Son datos, hechos… pero, claro, también tienes la opción de negarlos, igual que lo de que el hombre pisara la luna. Pero, por favor, si tiene que predominar algún discurso, que sea el de las verdades: La migración es un derecho humano. La migración nunca debería ser un acto desesperado fruto de las situaciones insostenibles que sufren las personas en sus países de origen y debería hacerse siempre a través de vías legales y seguras. Y la migración es un motor de crecimiento económico, innovación y desarrollo sostenible en los países de origen, tránsito y destino.
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