La escuela ya contaba con una serie de brechas educativas y barreras que hacían difícil o imposible la ruptura con el círculo de la pobreza. En un mundo en el que 258 millones de menores de edad no han pisado jamás una escuela, la crisis que abre la COVID-19 no hace más que hacer más profundas las fallas.
Hoy analizamos cuáles son las barreras y brechas que intentamos cerrar con nuestro trabajo en más de 20 países del mundo. ¿El objetivo de nuestro trabajo en educación? Salvar de la pobreza a toda una generación.
La principal barrera que nos encontramos en los países en desarrollo es la ausencia de centros escolares, de docentes y de materiales básicos para la enseñanza. Pero también encontramos escuelas al aire libre, sin asientos, sin mesas, sin calefacción. Son escuelas, las que vemos a diario, que no tienen condiciones sanitarias suficientes o se encuentran a distancias imposibles (y muy peligrosas casi siempre) para que un niño o niña pueda ir andando. A todo esto –por si fuera poco–se suma una barrera más: la poca o nula infraestructura digital.
Sin duda, la pobreza es uno de los factores más excluyentes y una de las principales barreras de millones de personas para acceder y permanecer en los sistemas educativos. Los costes directos e indirectos asociados (transporte, material, uniformes, comedor escolar, ocio educativo, etc.) hacen de la educación un lujo para millones de familias que no cuentan con los recursos básicos para subsistir.
La mala calidad de la enseñanza que no asegura salidas laborales dignas. Tampoco garantiza la existencia de recursos suficientes para apoyar al alumnado con mayores dificultades. Todo esto lleva a que muchos niños, niñas y jóvenes fracasen en los estudios, repitan cursos, se desmotiven y terminen abandonando la educación. ¿Y después, qué? Normalmente quienes abandonan prematuramente la escuela encuentra trabajos precarios o vinculados a la economía sumergida, lo que les dificulta salir del círculo de la pobreza.
Una educación de calidad es aquella que ofrece las herramientas para acceder a más y mejores oportunidades. Pero también es la que permite vivir una vida plenamente consciente y que merezca la pena ser vivida. Dentro de esta barrera, encontramos varios puntos a tener en cuenta.
Sin docentes no hay educación. Pero la calidad educativa depende directamente de tener docentes formados, motivados y suficientemente remunerados.
Las barreras en la gestión educativa impiden, en no pocas ocasiones, que las escuelas sean un pequeño motor de dinamización social, cultural y económica de las comunidades en las que se integra.
El diseño curricular no incluye los contenidos y las competencias necesarias para afrontar los retos actuales del planeta. En un mundo diverso, incluso en espacios geográficos pequeños, la calidad educativa implica reconocer y reflejar esa diversidad y adaptar la oferta educativa. La pertinencia del currículo es un factor clave para evitar la deserción, la repetición y, en definitiva, incidir en la culminación exitosa del ciclo educativo.
Nuestro mundo ya es digital y la tecnología está cambiando nuestras vidas. Esto abre una nueva brecha en el campo de la educación. Tener o no estos conocimientos determina el acceso a una serie de oportunidades que pueden mejorar nuestra vida (empleo, trámites administrativos, etc.). Esta brecha digital es mayor entre países más o menos desarrollados, pero también se expresa en la desigualdad interna y creciente dentro de los propios países.
Solo una educación inclusiva es compatible con los derechos humanos. Esta inclusión debe dar respuesta a las diferencias de acceso y permanencia basadas en factores de pobreza, género, etnia, discapacidad, lengua, religión, migración o refugio, lugar de residencia o nacimiento, orientación sexual o expresión de identidad de género. Todos estos factores son discriminatorios en la mayoría de ellos son determinados por nuestro nacimiento.
La inclusión en la educación aporta mejores resultados académicos, mejora el desarrollo social, emocional, la autoestima y la aceptación de la diversidad y ayuda a prevenir la estigmatización, los estereotipos y la creciente polarización social. Todo ello alimenta discursos de odio y fomenta la xenofobia, el racismo o la homofobia.
La brecha de género no solo afecta a las niñas y jóvenes alumnas, sino también a docentes, gestoras y a madres.
Normas culturales y prácticas sociales persistentes impiden que las niñas asistan a la escuela. Entre ellas podemos citar la escasa prioridad que se asigna a la educación de las niñas, los matrimonios precoces, la inseguridad en los centros escolares y en el camino a la escuela y las pesadas tareas domésticas que recaen, generalmente, en mujeres y niñas. Esto incide no solo mayores dificultades de acceso y permanencia para niñas y jóvenes, sino en su menor disposición de tiempo de ocio frente a sus pares masculinos.
Encontramos sistemas educativos que no han cambiado los planes de estudio ni han formado docentes en materia de sensibilización respecto a las desigualdades de género. La expectativa de lo que la educación puede aportar a las mujeres es, en muchos casos, diferente a la que puede aportar a los niños y jóvenes.
Como decíamos, existe una menor participación de mujeres docentes y gestoras en la elaboración de los planes de estudio. Pero también hay una desigual participación entre padres y madres dentro de las comunidades educativas. Si bien son mayoritariamente las madres las que se involucran en las actividades escolares, su capacidad de decisión es menor y se percibe como una tarea exclusivamente femenina en muchos hogares, lo que supone una carga extra para las mujeres.
Según Naciones Unidas, antes de la irrupción mundial de la COVID-19, ya se estimaba que los países de ingresos bajos y medios afrontaban una brecha de financiación de la educación de 1,5 billones de dólares anuales. No se trata solo de aumentar los presupuestos nacionales y los de cooperación internacional sobre esta materia, sino de incrementar la financiación que lucha directamente contra la pobreza. Las medidas de protección social que se orientan hacia los colectivos más vulnerables mejoran la asistencia y permanencia.
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