La semana pasada Europol alertaba a la sociedad europea de un hecho inconcebible: hay aproximadamente 10.000 menores refugiados o migrantes en paradero desconocido. Niños y niñas que han desaparecido en Europa y que en estos momentos pueden estar en cualquier sitio del mundo, si es que siguen con vida, ya que se teme que la gran mayoría haya caído en manos de traficantes de personas en cualquiera de sus formas: tráfico sexual, de órganos, mano de obra esclava… Las organizaciones de infancia sabemos que este tráfico desgraciadamente aumenta en situaciones de caos y desgobierno; después de desastres naturales – como el terremoto del año pasado en Nepal – , en zonas de conflicto o en las rutas de los distintos flujos migratorios – como hoy día en Siria y el tránsito hacia Europa o la ruta hacia Estados Unidos a través de Centroamérica y México . Menores que pierden contacto con sus familias y que se pierden, en muchos casos, para siempre.

Esta cifra de la policía europea no deja de ser una estimación, lo que convierte la situación en aún más terrible, ya que ahonda en el desconcierto y la inseguridad y entra en el terreno de las grandes cifras en las que mil niños más o mil menos no cambia el titular. La realidad, si hacemos un mínimo esfuerzo de empatía, es intolerable. ¿Dónde están, cómo han podido desaparecer, qué les está pasando y cómo lo estarán viviendo? Las preguntas son tan abrumadoras que quizá el impulso más natural sea cambiar de canal o de página y pensar en el resto de nuestros problemas.

A día de hoy, todos conocemos la situación, todos los medios se hacen eco desde hace ya demasiado tiempo de la situación de las personas que, a diario, desde hace casi cinco años – los mismos que dura el conflicto en Siria – arriesgan su vida para llegar a un territorio más seguro. Personas que huyen, en su gran mayoría de una guerra y otras que vienen huyendo de una situación de violencia, persecución y, o, penuria económica, personas que hacen lo que todos haríamos en su situación. Podríamos ser nosotros.

Hoy en día, 1 de cada 3 refugiados o migrantes que llegan a Europa es un niño o una niña – más de 290.000 en 2015. Desde que comenzó la guerra en Siria ya hay más mujeres y niños en tránsito por Europa que hombres adultos. El 60% de los migrantes y refugiados que cruzan la frontera entre Grecia y la antigua República Yugoslava de Macedonia son mujeres y niños y el 36% de las personas que arriesgan sus vidas cruzando el mar entre Grecia y Turquía son menores, algunos de ellos – más de 500 – ya sabemos que no llegaron o llegaron sin vida, como fue el caso de Aylán cuyo cuerpo llegó a una playa y a todas las primeras páginas de los medios el pasado septiembre.

El pasado 17 de febrero Ayuda en Acción y algunas de las organizaciones internacionales de infancia junto con la Plataforma de Infancia, que representa a todas las organizaciones grandes y pequeñas que trabajan por y para los menores en nuestro país, nos dimos cita en el Congreso de los Diputados para solicitar a las autoridades de forma urgente la puesta en marcha de un Plan Europeo de Protección para los menores no acompañados o separados de sus familias, un plan que contenga medidas que garantice sus derechos, los proteja y asegure la reunificación familiar.

La infancia es el grupo de personas quizá más vulnerable y por eso mismo, jurídicamente más protegido porque, in dependientemente de su situación migratoria, los menores son niños y sus derechos están consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que todos los países europeos son signatarios. Seguramente la mayoría de ellos desconoce si son migrantes o refugiados, categorías que ponemos (y quitamos o eludimos) los adultos pero siguen siendo niños que merecen, necesitan y tienen el derecho a ser protegidos y atendidos por los Estados, independientemente de su nacionalidad.

La respuesta que pedimos al Gobierno español y que debe de trasladarse al resto de Gobiernos europeos es una acción europea que vaya más allá de la política de “poner puertas al campo” y dificultar un flujo que, lejos de impedir que lleguen más personas, se traduce en extremar los peligros del propio viaje del que los traficantes de personas están sacando los mayores beneficios. Los Estados y sus líderes están obligados legal, política y moralmente a tomar las medidas necesarias para proteger a todas las personas, pero especialmente y en casos como este, a la infancia.

Todas las personas a título individual podemos, ante la magnitud de la tragedia, tener la tentación de no actuar. ¿Se puede excusar que lo hagamos? No voy a responder a esta pregunta, creo que todos lo hacemos más veces de las que nos gustaría justificar, especialmente ante nuestros hijos, pero los Estados no pueden eludir esta responsabilidad y tienen que actuar, y nuestra responsabilidad como adultos es recordarles que deben de cumplir sus compromisos legales, políticos y morales. Eso sí que no podemos eludirlo.

Por cierto, mientras los Gobiernos se esconden de sus responsabilidades, una gran parte de la ciudadanía europea y muchas de sus organizaciones de la sociedad civil están tratando de dar respuesta humanitaria en la llegada, el tránsito y el destino que alivie al menos la situación de desamparo de todas estas personas y nos ayude también en parte a seguir mirándonos al espejo por las mañanas.