Cítala y Masahuat son municipios catalogados de pobreza extrema severa, ya que el 48, 2% de sus habitantes viven en condiciones de pobreza, con acceso limitado a derechos básicos como la salud, la vivienda, la educación, la seguridad alimentaria y el empleo. El 84 % de su territorio es rural y sus familias se dedican a la producción de granos básicos y hortalizas para la subsistencia. Sin embargo, con la crisis generada por la COVID-19, la afectación económica y emocional golpea significativamente a las familias, acentuando aún más la pérdida de empleos y el incremento de precios de insumos.
El periodo de octubre a febrero, cuando se cosechan granos básicos y café, es también el de mayor disponibilidad de alimentos agrícolas. Sin embargo, debido a la caída de la producción y el consumo en 2021, el 21% de la población vive en condiciones de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda y necesitan acciones inmediatas para reducir la brecha de consumo alimentario y proteger sus medios de vida. A esto hay que sumar la pandemia y las tormentas tropicales Amanda e Iota, que han agravado la economía de las familias y aumentado la incertidumbre entre la población joven por el limitado acceso a servicios básicos y la falta de oportunidades de desarrollo. La peor situación la sufren las mujeres, que ven cómo aumentan sus cargas de trabajo doméstico, así como las familias que no han recibido ayuda de forma sistemática y sostenible.
Las desigualdades de género y el bajo nivel de empoderamiento político de las mujeres también son un problema latente en el territorio. El desconocimiento de sus derechos se suma a la inexistencia de espacios adecuados para consolidar sus organizaciones, lo que limita su capacidad de incidir en las instancias tomadoras de decisiones.