Jóvenes cooperantes extremeñ@s

La mala situación económica y social de Mozambique, que se sitúa en el puesto 185 de 191 según el IDH, se ha acentuado con la crisis de la COVID-19 y el surgimiento de la violencia por grupos armados no estatales en el norte del país. Estos factores han tenido importantes implicaciones en el empleo, el desarrollo de la actividad económica y en el precio de productos básicos, agravando todavía más la situación del país.

Hay que tener en cuenta que la inseguridad que se vive actualmente en la provincia de Cabo Delgado, donde desde 2017 los asaltos del grupo terrorista Ahlu Sunnah Wal Jammah (ASWJ), se ha recrudecido. La acción de los insurgentes se ha intensificado significativamente en los dos últimos años, habiendo cometido ataques en 7 de los 17 distritos de la provincia, causando más de 4 000 muertes y una grave crisis humanitaria con más de 800 mil personas desplazadas que han huido de las zonas en conflicto.

A su vez, el aumento de los fenómenos climáticos adversos, consecuencia del cambio climático, ha incrementado el número de familias que se enfrenta a la inseguridad alimentaria. La reducción de la pobreza está siendo más lenta de lo esperado y está íntimamente ligada a la desnutrición crónica, que se ha agravado con la crisis de COVID-19. Esta situación supone una carga evidente para el potencial de desarrollo del propio país, condicionando su capacidad productiva y de acceso a recursos. A pesar de estos desafíos, Mozambique cuenta con un gran potencial debido a sus recursos que, con una buena inversión y gestión, podrían contribuir a la reducción de los indicadores de pobreza y desnutrición del país.

A través de la formación de jóvenes cooperantes, este proyecto pretende dar cobertura a servicios básicos como es el de la educación, contribuyendo al derecho de una educación de calidad e inclusiva con un enfoque de género y derechos humanos en el Distrito de Metuge, incrementando el acceso y la calidad educativa en el ciclo de primaria con énfasis en la retención escolar de las niñas en las 10 comunidades de la localidad de Nacuta. Para ello, nuestra intervención se divide en 3 líneas de actuación:

1. Mejora del acceso a la educación, creando espacios dignos, adecuados y seguros mediante la construcción de tres aulas y la rehabilitación de otras dos, la construcción de una unidad básica de saneamiento. Además, se construirá un pozo en el recinto escolar para mejorar la cobertura de agua potable de la comunidad y sus prácticas de higiene.
2. Mejora de la calidad educativa mediante el fortalecimiento de capacidades pedagógicas del profesorado y de capacidades en materia de derechos de la infancia y equidad de género de titulares de responsabilidades (Consejos Escolares).
3. Empoderando a niñas y niños en las escuelas, a través de las acciones previstas con los Comités de Niñas mediante el apoyo a su funcionamiento y la formación a sus integrantes sobre Derechos de la infancia, prevención de la violencia de género, casamientos prematuros y salud sexual y reproductiva.

• Mejora de la cobertura del agua potable en la comunidad por la construcción del pozo.
• Mejora de la calidad educativa en 10 comunidades.
• 60 docentes y técnicos pedagógicos formados en metodologías de enseñanza.
• 7 escuelas cubiertas de material pedagógico.
• 7 Comités de niñas fortalecidos.
• Comunidades educativas sensibilizadas en salud sobre prevención de la COVID-19, salud bucodental y buenas prácticas de higiene.