El Salvador tiene altos índices de vulneración de derechos a la infancia. Según datos del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) en 2019 se registraron 3 478 casos de Violencia Sexual sobre niños y niñas, tasa excepcionalmente elevada y en ascenso. El 36,8% de los menores viven sin alguno o sin ambos padres. Se estima que hay más de 90 000 niños y niñas en trabajo infantil en el área rural, y cuatro de cada 10 niños y niñas trabajadores no asiste a la escuela. En 2019, además 2 907 niñas y 3 700 niños emigrantes, muchos no acompañados, habían retornado tras ser deportados.
La situación se agravó por el COVID-19. El confinamiento domiciliar y comunitario ha debilitado la capacidad de respuesta de las instituciones del Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de responder con prontitud ante situaciones de violencia, maltrato y abuso. A pesar de la implementación del sistema multimodal (clases en línea, radio y televisión) la pandemia también ha mermado el acceso al derecho a la educación.
Es imprescindible un abordaje que comprenda simultáneamente el trabajo con niños, niñas y jóvenes en el conocimiento, apropiación y espacios para el ejercicio de sus derechos. Y al mismo tiempo, contribuir a la articulación interinstitucional que garantice el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, fortaleciéndolo en sus tres niveles: comunitario, local y nacional.