La migración forzada y masiva de personas es un fuerte reto humanitario para el país por donde transitan. Sin embargo, cuando la cantidad de personas que migran desborda las capacidades de las instituciones y la política migratoria es adversa por parte de los países receptores, el problema deriva en una notoria crisis humanitaria. En el caso mexicano, se llegó ya a este punto. Nos referimos a la población mexicana que busca emigrar a Estados Unidos y a la población centroamericana que persigue el mismo fin y transita por México.
La mayor parte de las personas migrantes que transitan por territorio mexicano provienen de América Central, primordialmente de Guatemala, El Salvador y Honduras. La entrada masiva de migrantes en caravanas es una estrategia de seguridad y supervivencia ante las condiciones adversas que han sufrido en México en otros intentos realizados.
Las problemáticas que enfrentan las personas migrantes en territorio mexicano son alarmantes: desde el robo, la extorsión y las lesiones –que son los crímenes más frecuentes–, hasta el secuestro, el abuso de autoridad, las amenazas, la intimidación, los abusos y las violaciones sexuales, el tráfico de personas y el homicidio.
Según el registro de diversas organizaciones, la mayoría de los delitos acontecen en el sur del país en los inicios de la trayectoria migratoria por México. Tras los delitos y violencias hacia quienes migran se encuentran principalmente grupos del crimen organizado, personas particulares (en menor medida) y, lamentablemente, en algunos casos las propias autoridades del Gobierno mexicano. Estas últimas incumplen el derecho humano al refugio, a la asistencia, a la integridad física y a la vida.