Soluciones digitales para la prevención de violencias post COVID-19, a través de actores locales como agentes de corresponsabilidad en comunidades de los municipios de San Lucas.
La pandemia de la COVID-19 no solo tuvo efectos económicos en los hogares bolivianos, sino que el confinamiento y la reducción de los servicios públicos tuvo un fuerte impacto en unos ya altos índices de maltrato: según el Banco Mundial, el 58,5 % de las mujeres bolivianas reportaron haber sufrido violencia física o sexual de parte de una pareja alguna vez en la vida, la mayor de la región. Además, muchos programas de prevención de la violencia fueron suspendidos durante el confinamiento, y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia trabajan con equipos de emergencia reducidos.
Es en el seno de los hogares y las familias donde se produce una mayor violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como contra mujeres adultas. Esta violencia tiene efectos en la salud mental, sexual y reproductiva de aquellos que la sufren. Además, la violencia presenciada por niñas, niños y adolescentes los impacta física y psicológicamente de formas muy similares que cuando son víctimas directas, de ahí su necesidad de prevención (UNICEF).
Por otro lado, la pandemia ha evidenciado la necesidad de avanzar hacia nuevas maneras de educar, que reconozcan la necesidad de que cada niño y niña cuente con conectividad y acceso de calidad a Internet.
El propósito del proyecto es desarrollar procesos de prevención y activación de la atención de las violencias hacia la niñez y adolescencia, a través del uso de herramientas digitales y presenciales en redes de protección con actores locales (docentes, líderes y lideresas) en el municipio de San Lucas bajo las condiciones post COVID-19, que permita contar con una respuesta más ágil mejorando el acceso a instituciones del sistema formal de protección.
La red de protección será implementada articulando las instituciones del sistema formal con los mecanismos de protección de derechos a nivel de comunidad educativa. Para ello, se conformarán y fortalecerán mecanismos/sistemas de protección de derechos, quienes realizarán procesos preventivos como informativos, así como la activación de la atención por diferentes instancias usando medios de relacionamiento y comunicación virtuales y presenciales.
Licenciada en informática (Argentina), Maestría en Computación (México), estudios complementarios en gestión de recursos humanos, gestión de calidad, procesos financieros, incidencia pública, liderazgo y gestión estratégica, teoría de cambio o financiamiento exterior. Ha trabajado como coordinadora de proyectos informáticos o realizando consultorías internacionales en Sudamérica y Centroamérica. Ha desempeñado también cargos gerenciales en la Defensoría del Pueblo, fondos de inversión o redes de ONG. Ha sido directora de servicios organizacionales en Visión Mundial Bolivia y Brasil y actualmente es directora de la oficina nacional de Ayuda en Acción en Bolivia.
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