De los 47,2 millones de habitantes de Uganda, el 57% de la población tiene menos de 18 años. El rápido crecimiento de la población, junto con la afluencia de personas refugiadas, sigue afectando a la prestación de servicios sociales del país. Niños y, sobre todo, niñas continúan sufriendo desigualdad, violencia y violaciones de sus derechos.
Uganda es país de acogida para casi 1,4 millones de personas refugiadas. La región de West Nile, con 800 000 personas provenientes de Sudán del Sur, es la principal región de acogida; más de 200 000 viven en Adjumani.
Tradicionalmente las principales fuentes de actividad económica de Uganda han sido la agricultura y la pesca, mayormente de subsistencia, cuya aportación al producto nacional se situaba por encima del 20%. Sin embargo, su integración en las cadenas de valor es muy débil y apenas se orienta a los pequeños agricultores a producir para vender sus productos en el mercado.
En materia de educación hay importantes retos: el nivel de aprendizaje es bajo, la asistencia del alumnado a clase es intermitente y las tasas de deserción escolar, altas, sobre todo, para niñas adolescentes a partir de 14 años debido, principalmente, al embarazo y al matrimonio precoz.
La juventud menos privilegiada y la que abandona la escuela, especialmente aquella que proviene de entornos de personas refugiadas, encuentran dificultades para obtener fuentes de ingresos estables. Se vuelven dependientes de su familia y/o entorno porque no pueden asegurar un medio de vida, empujándoles a la exclusión y la vulnerabilidad.
