Si tuviéramos que resumir en unas pocas palabras el año 2023 en América Latina, podríamos definirla como la región de la desigualdad. Los impactos de la COVID-19, sumado a las amenazas combinadas del cambio climático, la fragilidad, los conflictos y la violencia, o la inseguridad alimentaria, está dificultando la recuperación socio económica y el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2023 previstos para la región.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la previsión de crecimiento de la región para 2024 es del 2,3 %, lo que indica que ha retrocedido. Además de los impactos económicos, a nivel social América Latina ha sufrido varias crisis, recrudeciéndose las situaciones de inseguridad –como el caso de Ecuador– y de vulneración de derechos –en Centroamérica–.
La tasa promedio de pobreza se sitúa en un 30,3%, por encima de los niveles anteriores a la pandemia. El informe de Naciones Unidas Panorama regional de la seguridad alimentaria y la nutrición 2023 señala que el 6,5% de la población de América Latina y el Caribe (43,2 millones) sufre hambre.
Estos indicadores llevan a que la región siga presentando altas tasas de migración interna dentro de los propios países, y también hacia fuera. Alrededor de 7,5 millones de personas de Venezuela migraron de su país y se continua con los flujos tradicionales en la región de Centroamérica y México hacia Estados Unidos. Una de las causas que agrava esta situación son los efectos del cambio climático: la región se está viendo afectada por efectos climáticos como sequías e inundaciones que amenazan las condiciones de vida de las poblaciones. La previsión es que los problemas de acceso a agua aumenten de aquí a 2030, así como el calor y los efectos climáticos adversos. Todo ello repercutirá directamente en el crecimiento de la pobreza extrema en la región.
Pero también hay espacio para la esperanza: el 25% del territorio de la región de Centroamérica está bajo declaración de área protegida o de conservación. Ello representa una oportunidad para impulsar un crecimiento verde a través de programas ambientales que reduzcan los riesgos sistémicos de las zonas más vulnerables.