Según ACNUR, a finales de 2021 había más de seis millones de refugiados y migrantes venezolanos fuera de su país, un 20 % de su población. Los países de Latinoamérica y el Caribe acogen al 84 % de las personas que huyen de Venezuela. Huyen de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como de la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales.
Según HumVenezuela, la mayoría de los venezolanos enfrentan dificultades para acceder a alimentos, y hay en el país 10,9 millones de personas subalimentadas o con hambre crónica. Además, cerca de 4,3 millones deben privarse de alimentos, incluyendo pasar días sin comer.
En Venezuela, se desarrollan acontecimientos políticos, de derechos humanos y socioeconómicos que obligan a un número creciente de personas a abandonar el país. Son menores, jóvenes y personas adultas que emigran a otras zonas de América Latina y el Caribe. Muchas de estas personas llegan asustadas, cansadas y en extrema necesidad de asistencia humanitaria. Las familias llegan con recursos cada vez más escasos y tienen una necesidad inmediata de protección, albergue, alimentos y medicamentos.
Miles de migrantes de Venezuela no tienen ningún tipo de documentación o permiso para permanecer regularmente en los países vecinos y, por lo tanto, carecen de acceso formal a los derechos y servicios básicos. Esto les hace particularmente vulnerables a la explotación, la violencia, la discriminación y la xenofobia.
Dentro del país, la población indígena no se encuentra protegida frente a la violencia, el trabajo forzado y la explotación sexual. Esto ocurre especialmente por grupos que controlan las minas ilegales de oro al sur del país, provocando, no solo una degradación del medio ambiente, sino también de los derechos humanos de los pueblos indígenas.