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El Informe Regional de Desarrollo Humano publicado por el PNUD de 2021 destaca una alta desigualdad y bajo crecimiento productivo en América Latina y el Caribe, profundizado aún más por la pandemia. Este escenario se aplica al contexto boliviano: en el caso del Chaco, el 70,54% de la población se encuentra en situación de pobreza, el 23,50% en extrema pobreza y el 7,5% es indigente. La población guaraní y campesina es la más afectada.
Por otra parte, el impacto social y económico de la COVID-19 afectó negativamente en la capacidad de generar ingresos. El 96% de la población de áreas rurales se vio afectada económicamente, mientras que en áreas urbanas la incidencia fue menor. La principal vocación económica productiva de las familias campesinas en la región es la agropecuaria. Producen principalmente maíz, cacahuete, patata, cítricos y ganadería porcina. Esta producción está destinada a la venta en los mercados, al autoconsumo y al trueque. En los últimos años las familias han incorporado la apicultura como una actividad complementaria, constituyéndose en una alternativa para la economía de las familias rurales de las comunidades.
El proyecto busca mejorar el desarrollo económico de las familias guaraníes y campesinas de los municipios de San Pablo de Huacareta y Monteagudo en la región del Chaco Chuquisaqueño.
Para ello, pone el foco en la cadena de valor apícola como actividad productiva principal de las familias. El objetivo será mejorar la producción de forma sostenible y resiliente llevando a cabo una gestión sostenible de los recursos humanos y la adaptación al cambio climático.
Con este impulso a la producción apícola se conseguirá aminorar el impacto socio-económico de la COVID-19 en familias guaraníes y campesinas.
Como resultado, se crearán oportunidades para la generación de ingresos adicionales de las familias y se contribuirá a reducir la brecha de pobreza y desigualdades existente, provocada por el deterioro de los medios de vida y el limitado acceso a alimentos sostenibles y nutritivos por la pandemia.
Directora de la oficina nacional de Ayuda en Acción en Bolivia
Licenciada en informática (Argentina), Maestría en Computación (México), estudios complementarios en gestión de recursos humanos, gestión de calidad, procesos financieros, incidencia pública, liderazgo y gestión estratégica, teoría de cambio o financiamiento exterior. Ha trabajado como coordinadora de proyectos informáticos o realizando consultorías internacionales en Sudamérica y Centroamérica. Ha desempeñado también cargos gerenciales en la Defensoría del Pueblo, fondos de inversión o redes de ONG. Ha sido directora de servicios organizacionales en Visión Mundial Bolivia y Brasil y actualmente es directora de la oficina nacional de Ayuda en Acción en Bolivia.