Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se celebra cada 18 de diciembre, Ayuda en Acción junto con otras ocho organizaciones exigimos al Gobierno español que cumpla con sus compromisos en materia de derechos humanos y ponga fin a las devoluciones sumarias. Desde el pasado 27 de noviembre se está debatiendo en el Congreso la reforma de la denominada Ley Mordaza, que, entre otros aspectos, contiene una disposición que pretende dar cobertura legal a las devoluciones en caliente desde Ceuta y Melilla a Marruecos.
Esta práctica está prohibida por el derecho internacional y supone una grave vulneración de los derechos humanos para las personas migrantes y refugiadas. Así lo hemos denunciado tanto las organizaciones firmantes como diversos organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo y el Defensor del Pueblo.
A pesar de que Pedro Sánchez se comprometió a poner fin a este abuso, con la derogación urgente de esta disposición, lo cierto es que en los seis meses de su gobierno se han seguido llevando a cabo tanto devoluciones sumarias como devoluciones exprés en aplicación del Acuerdo de readmisión entre España y Marruecos de 1992. En ninguno de los dos casos se garantiza que se protegen los derechos que asisten a estas personas. Las primeras se llevan a cabo sin las debidas garantías, porque las personas no tienen acceso a procedimientos individualizados de asilo. Las segundas sí se realizan tras acceder a procedimientos individuales pero, entre otros aspectos, debido a la celeridad con que se llevan a cabo, difícilmente puede asegurarse el acceso a todas las garantías, y, por tanto, a una asistencia letrada y de intérprete en condiciones adecuadas, así como a una identificación apropiada de potenciales solicitantes de asilo, o miembros de colectivos con necesidades específicas como los menores no acompañados, víctimas de trata, personas LGBTI, personas con discapacidad o mujeres embarazadas, entre otros.
El Estado español tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas, implementando todas las medidas necesarias para la correcta la atención, identificación y acogida en sus fronteras. Mantener esta práctica de las devoluciones sumarias supone una vulneración del principio de no de devolución, y puede además, infligir un trato degradante e inhumano a las personas que cruzan la frontera, y poner en riesgo su vida, su integridad o su libertad.
Recientemente el Estado español ha firmado el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular en Marrakech que, aunque no vinculante jurídicamente, se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados a respetar, proteger y garantizar estos derechos a todas las personas, sin discriminación alguna y propiciar vías seguras para la migración. Por todo ello apelamos al Gobierno y a los grupos parlamentarios la derogación de la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, así como de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería como un primer paso para hacer realidad estos compromisos y a parar la práctica de las devoluciones ilegales en frontera.
Las estimaciones mundiales actuales indican que en 2015 había aproximadamente 244 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, lo que equivale al 3,3% de la población mundial, según el último informe de la OIM. Además, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, 68,5 millones de personas habían sido expulsadas de sus hogares en todo el mundo a fines de 2017, más personas que la población de Tailandia. De esta cifra, los refugiados representaron 25,4 millones.
