Hoy se cumple un año desde que la tierra temblara en Ecuador. El 16 de abril del año pasado, un fuerte seísmo de 7,8 grados en la escala de Richter sacudió el país, dejando 671 fallecidos a su paso y 8.690 personas albergadas; llegando a contarse las réplicas por miles.
Ayuda en Acción, que trabaja en Ecuador desde 1985, fue de las primeras organizaciones que se movilizaron en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas –donde trabajamos junto a nuestro socio local Corporación Esmeraldeña para la Formación y el Desarrollo Integral (CEFODI)- para atender de forma inmediata las necesidades más urgentes tras la catástrofe.
Desde los primeros momentos del seísmo, nuestros equipos desplegaron los dispositivos de emergencia, ya que las primeras 48 horas son clave para asegurar la supervivencia de la población afectada y, especialmente, la de la infancia.
Tras la emergencia, hemos asistido a 950 familias, mediante la entrega de más de 2.300 kits de alimentos, artículos de higiene y limpieza, colchones, bidones de agua, linternas, juguetes y toldos, entre otros. También hemos realojado a familias en viviendas temporales y ofrecido apoyo psicosocial tras el desastre.
Tras la respuesta inmediata a la emergencia llega la reconstrucción
Cuando una emergencia tiene lugar, no solamente es importante actuar de forma célere y eficiente para que tenga el menor impacto posible desde el primer momento, sino que también es necesario pensar en el proceso de reconstrucción.
Garantizar y preservar las condiciones de salubridad e higiene adecuadas, reducir el riesgo de enfermedades y proteger las condiciones de dignidad de los afectados son clave para minimizar los efectos.
Antes de que se produjera el terremoto, en Esmeraldas contábamos con un plan de trabajo diseñado hasta 2025; después de la respuesta inmediata a la emergencia, hemos rediseñado ese plan para apoyar a la población en el proceso de recuperación de la zona.
Durante este periodo, nos hemos centrado en la rehabilitación de las condiciones de habitabilidad, la recuperación de medios de vida de las familias y de las infraestructuras afectadas, la mejora de los sistemas de agua y saneamiento y la protección, apoyo psicosocial a las familias y el fomento de la resiliencia comunitaria a través de la creación de comités de gestión de riesgo.