Trabajamos desde el año 2020 en los cantones de La Cruz, Upala, Los Chiles, Guatuso y San Carlos, Alajuelita y Desamparados. Contribuimos con la inclusión económica y social, así como en el fortalecimiento de capacidades de la población más vulnerable.
personas han fortalecido sus competencias y capacidades para implementar Sistemas de Alerta Temprana ante desastres.
personas han sido asesoradas jurídicamente en trámites migratorios y sobre sus derechos.
niñas, niños y adolescentes participan en procesos de prevención de la violencia basada en género.
La Cruz, Upala, Los Chiles, Guatuso y San Carlos conforman gran parte de la zona fronteriza norte de Costa Rica. El territorio cuenta con una topografía irregular que le atribuye una importante cantidad de ríos, volcanes, fallas sísmicas y otros elementos naturales que obligan a las comunidades a prepararse ante posibles desastres y gestionar los riesgos multiamenaza.
La zona norte se destaca por su considerable aporte al país en materia de producción agropecuaria, sobre todo con el cultivo de granos básicos como el arroz, el frijol, el maíz, el cacao, la piña y el ganado de carne y leche, pero con un desarrollo socioeconómico desigual. Por otra parte, Alajuelita y Desamparados se encuentran dentro de la Meseta Central de Costa Rica y cuenta con altos índices de pobreza, desigualdad e inseguridad.
Según los datos de incidencia que generan las autoridades, es una región con comunidades donde también se identifican con frecuencia manifestaciones de violencia como maltrato conyugal, violencia intrafamiliar y de género, maltrato infantil, abuso sexual, embarazo adolescente, desnutrición, drogadicción, alcoholismo y enfermedades de transmisión sexual.
Nuestro trabajo en Costa Rica se compone principalmente por tres líneas de acción: generación de oportunidades para el empleo y el emprendimiento, protección y prevención contra la violencia basada en género y gestión del riesgo ante desastres.
En coordinación con instituciones costarricenses (municipales y nacionales) estamos implementando dos grandes programas para la inserción socioeconómica de población migrante. En ellos, y con la alianza público-privada, se favorece la formación técnica para el empleo de personas jóvenes y mujeres nacionales o migrantes para que puedan acceder a empleo digno en el país. Hemos contribuido con formación en gestión empresarial y acceso a un fondo de capital semilla a personas emprendedoras y grupos asociativos productivos de las comunidades de acogida del territorio.
Poblaciones en situación de riesgo con las que trabajamos han adquirido mejores capacidades accediendo a asistencia humanitaria, protección, estabilidad y seguridad, como requisito básico para la recuperación de sus medios de vida.
La articulación con instituciones rectoras nos ha permitido trabajar con mujeres de todas las edades, implementando estrategias que contribuyen a mejorar sus condiciones de seguridad y protección ante casos de violencia de basada en género y con conocimiento para acceder a las rutas de justicia y regularización migratoria. A este trabajo le acompañan acciones de prevención a nivel personal, familiar y comunitario.
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