En el país se está produciendo despojo de territorios por la presencia de mega proyectos y proyectos que no incluyen a los pueblos como sujetos de derechos. La sociedad civil pierde protagonismo ante nuevas políticas públicas que ponen el acento en la transferencia de recursos individuales, dejando fuera de foco a los colectivos vulnerables.
La emergencia climática es cada vez más evidente. Provoca cambios en los procesos de producción e influye negativamente en los socioambientales y de movilidad humana. Estos últimos tienen nuevos patrones de comportamiento al tornarse masivos, de carácter regional y multifactorial.
Las oportunidades laborales en las comunidades son limitadas, con ingresos por debajo del salario mínimo y con oportunidades reducidas, especialmente para mujeres y jóvenes. La desvalorización del campo como oportunidad laboral se debilita en el ámbito rural.
A pesar de la importancia de la educación para la población rural, esta es limitada y se enfrenta a retos como la escasa oferta educativa, la alta deserción escolar de niñas, la falta de conectividad a Internet y la deficiencia de herramientas tecnológicas, la escasez de materiales educativos y, por último, la insuficiente presencia de docentes.
En cuanto a la violencia, esta ha experimentado un crecimiento y una diversificación que va desde la presencia del narcotráfico alhuachicol (robo y adulteración de combustible y bebidas alcohólicas), pasando por los raptos y la trata de personas. Igualmente, los casos de violencia de género son significativos en los diversos espacios rurales y urbanos.