Contribuir al ejercicio de derechos y a la integración socioeconómica y cultural entre la población migrante y/o refugiada y de la comunidad de acogida en zonas receptoras de migrantes en Colombia, Ecuador y Perú. Este es el principal objetivo del proyecto Recuperación socioeconómica justa e incluyente de la población venezolana y de acogida en los citados países, financiado con tres millones de euros por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) e implementado por Ayuda en Acción con la colaboración de los socios locales Fundación WWB, Banco Codesarrollo y Perspektiva, con una duración de cuatro años.
El proyecto se basa en la lógica del Triple Nexus, centrándose en tres ejes principales: integración económica, protección y cohesión social, y cultura de paz. El grupo objetivo son personas de 18 a 55 años de nacionalidad venezolana en situación de movilidad humana, ubicadas en Colombia, Ecuador y Perú y personas de 20 a 55 años de las comunidades de acogida. Estas últimas pueden tener percepciones negativas sobre el aporte de las personas migrantes o refugiadas venezolanas a su comunidad y enfrentan problemáticas similares.
La intervención del convenio incluye tanto a población migrante y/o refugiada venezolana como a población de acogida vulnerable. Se espera que llegue a 7240 personas, de las cuales el 70% serán inmigrantes y/o refugiados/as de Venezuela y el 30% de acogida. Al tener un enfoque sólido en género se espera que el convenio llegue al 65% de mujeres del total de personas beneficiarias.
Contexto del convenio regional de migraciones
La más grande historia de migración de la región Latinoamérica nace desde el colapso económico y social de Venezuela que ha dejado a millones de personas del país con conflictos para cubrir sus necesidades básicas. Las personas venezolanas han sufrido aspectos dramáticos a lo largo de su llegada hacia Colombia, Ecuador, Perú y otros países. Estos tres países albergan la mayor cantidad de personas migrantes y refugiadas venezolanas en la región, quienes no solo buscan medios para subsistir, sino también integrarse dentro de sociedades que podrían ser sus hogares.
Las principales necesidades de las personas migrantes y refugiadas venezolanas a nivel regional hasta el año 2023 son: acceso a la documentación y regularización, generación de ingresos, acceso a información y orientación, mitigación de la discriminación y acceso a programas sociales con necesidades diferencias y asistencia humanitaria.
Es por esto que Ayuda en Acción, a través del cofinanciamiento de la AECID, propone un proyecto de atención integral multidimensional para contribuir al ejercicio de derechos y a la integración socioeconómica y cultural entre la población migrante y/o refugiada venezolana y de la comunidad de acogida en Colombia, Ecuador y Perú a través de las siguientes acciones:
- Integración económica mediante la aceleración de emprendimientos y acceso a servicios financieros regularizados desde un enfoque de mercados financieros inclusivos que integre a los diferentes actores implicados.
- Mejorar la cohesión social y la convivencia entre la población migrante/refugiada y la de acogida.
- Promover la protección y el impulso de derechos a través de un modelo de atención integral.
- Fortalecer la capacidad de respuesta local y la articulación institucional frente a las necesidades de la población migrante y la de acogida.
El proyecto tiene una duración de cuatro años, durante los que atenderá a más de 7240 personas en situación de movilidad humana de origen venezolano con una gran integración de poblaciones locales en situación de vulnerabilidad. La propuesta se desarrolla en las ciudades de: Ibarra, Otavalo y Pimampiro (Ecuador), Lima en los distritos de Comas, Los Olivos y San Martin de Porres (Perú) y los Municipios de San José de Cúcuta y Villa del Rosario (Colombia). La priorización geográfica responde a que en las zonas urbanas y periurbanas es donde más se están concentrando las personas migrantes y refugiadas venezolanas y, por ende, se produce el mayor porcentaje de problemáticas que se pretenden abordar.
Convenio regional de migración: una intervención coordinada
Existen diferencias en las formas de asentamiento en los tres países que tienen efectos en las dinámicas migratorias de la población migrante y en el impacto sobre la población local. Mientras que en Perú la migración venezolana se concentra en 90% en la ciudad de Lima, en Ecuador se encuentra distribuida prácticamente en todo el territorio (2020) y en Colombia hay una alta concentración en Bogotá, Barranquilla, Medellín y en ciudades fronterizas como Cúcuta o Guajira.
Aun cuando el contexto es diferente en cada país de acogida, las necesidades de la población venezolana son las mismas. A nivel subregional en el año 2023, la integración, salud, y protección siguen siendo las necesidades mayormente insatisfechas con 58,3%, 52,3% y 52%, respectivamente.
En los tres países se implementaron sobre todo campañas de orientación legal y acompañamiento en procesos de regularización, ya que la reglamentación nacional de los tres países tenía caducidad de sus propios procesos de regularización para la población migrante venezolana. A la par de la regularización, se diagnosticó a parte de la población migrante de acuerdo con su estado de vulnerabilidad en relación a la situación socioeconómica e integración.
En Ecuador se ha hecho énfasis en promover la regularización de las personas migrantes venezolanas. Adicionalmente, se ha implementado el primer diagnóstico de emprendimientos en Ibarra que inició en el 2023 para poder seleccionar a los emprendimientos que serán fortalecidos en estos siguientes meses.
En Colombia, se realizaron actividades en articulación con la institucionalidad (Migración Colombia) para promover los procesos de regularización. Igualmente, se ha desarrollado la primera Escuela de Ciudadanía, orientada a fortalecer los procesos organizativos de la juventud de Cúcuta y Villa del Rosario, abordando temas como políticas públicas, participación y democracia, ciudadanías juveniles, subsistema nacional de juventudes y construcción de paz.
“El convenio busca mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes y refugiadas venezolanas y la población de acogida en vulnerabilidad a través del incremento de sus ingresos y su integración en Perú, Ecuador y Colombia”, señala Estefanía Gómez, coordinadora del proyecto de Ayuda en Acción, que destaca que “en los siguientes años se espera fortalecer a al menos 580 emprendimientos a través de procesos formativos y potenciados con competencias emprendedoras. Estos emprendimientos además de ser fortalecidos tendrán un enfoque de sostenibilidad ambiental y serán sostenibles en el tiempo”. “Implementamos este convenio porque apoyar a los migrantes es esencial para construir sociedades más inclusivas, justas y prósperas para todos y todas”, añade Estefanía Gómez.
Por su parte, Cristina Lippi, jefa adjunta de ONGD de AECID, destaca que “los convenios son la mejor manifestación de la cooperación a través de la sociedad civil porque nos permiten alcanzar objetivos de carácter estratégico, su proceso dialogado es esencia pura de la cooperación y nos permite llegan a un punto de encuentro entre las necesidades de la cooperación y las propuestas de las entidades. Además, permiten ajustar más las circunstancias durante la vida de la intervención, aterrizando en tiempo real las actividades que dan respuesta a los objetivos marcados, pero, sobre todo, nos permite tener un mayor impacto: social, económico y estratégico”.
Dentro del área de cobertura de las necesidades en protección, el Convenio apoyará a 480 víctimas de violencia basada en género atendidas con apoyo psicológico y referenciadas a instituciones de atención y acompañamiento socioemocional. Adicionalmente, brindaremos 1700 atenciones (70% migrantes y de acogida 30%) en apoyo psicosocial con un enfoque y atención diferenciada. Durante estos cuatro años, unas 3800 personas serán asesoradas/orientadas legalmente para la regularización de su situación migratoria. Finalmente, 3100 personas serán sensibilizadas contra la discriminación y xenofobia.
En cuanto a la intervención de menores, se pretende que 740 niños, niñas y adolescentes participen de escuelas de derechos y de participación ciudadana.