En las zonas de intervención se presenta una alta vulnerabilidad ambiental y social, con más del 70% de su población con necesidades básicas insatisfechas y ubicadas entre los más pobres del país. Estos territorios enfrentan graves problemas: erosión del suelo, deforestación, escasez de materia orgánica, malas prácticas agrícolas y eventos climáticos extremos (sequías, heladas, granizadas). La dependencia directa de los recursos naturales ha llevado a prácticas nocivas como sobrepastoreo y quema de bosques. Además, se evidencia una fuerte migración rural-urbana, alimentada por la falta de oportunidades, educación de calidad y acceso a tecnología, especialmente entre mujeres y personas mayores. La brecha digital y el machismo arraigado también limitan la participación equitativa.
Frente a este panorama, se plantea un enfoque integral que promueva la adaptación al cambio climático, la agroecología, la digitalización del conocimiento, la inclusión de género y el desarrollo de un marco normativo favorable a una agricultura sostenible y equitativa.