Fortalecimiento de los derechos de la niñez ante riesgos agravados por COVID-19

El Salvador enfrenta dificultades sociales y económicas agravadas por la crisis de COVID-19, afectando gravemente los derechos de la niñez y adolescencia. La pobreza multidimensional afecta al 27,2% de los hogares, con un impacto especialmente alto en los hogares con menores. La violencia, en particular la sexual, es un problema estructural, afectando desproporcionadamente a niñas y mujeres jóvenes. Entre 2016 y 2020, más de 25 000 delitos sexuales fueron registrados (el 54% de las víctimas eran menores). La migración, impulsada por la violencia y la falta de oportunidades, también afecta a la niñez, con más de 72 500 menores viviendo sin al menos uno de sus padres debido a la migración.  

El proyecto busca fortalecer el Sistema de Protección Integral de la niñez y adolescencia, con énfasis en la prevención y atención de violencias basadas en género, especialmente la violencia sexual y los embarazos en niñas y adolescentes. Se enfoca también en el abordaje de las afectaciones emocionales y psicosociales agravadas por la pandemia de COVID-19. Para ello, se promueve la construcción de entornos comunitarios seguros, basados en el buen trato y el cuidado mutuo, que reconozcan y fortalezcan los roles protectores de las familias, comunidades y titulares de obligaciones. A través de una intervención articulada, se contribuye a prevenir la violencia contra la infancia, garantizar el respeto de sus derechos humanos y generar condiciones que favorezcan su bienestar integral. El proyecto impulsa la corresponsabilidad de todos los actores para construir comunidades más protectoras, equitativas y sensibles a las necesidades de la niñez y adolescencia en contextos de alta vulnerabilidad. 

El proyecto busca fortalecer la protección de la niñez y adolescencia mediante acciones locales, participación juvenil y formación de actores clave. Entre los logros destacados están: 

• Consolidación y articulación de espacios municipales y comunitarios para promover y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, con énfasis en la prevención de la violencia basada en género, especialmente hacia niñas y adolescentes, en un contexto de mayor vulnerabilidad por la pandemia. 
• Formación en derechos humanos para menores y adolescentes, que participan como ciudadanía organizada en la promoción, defensa y ejercicio de sus derechos, así como en la prevención de la violencia en sus entornos familiares y comunitarios. 
• Fortalecimiento de capacidades para prevenir y abordar la violencia sexual, los embarazos en adolescentes y promover una crianza basada en el buen trato, entre personas responsables de garantizar derechos.