Las claves del futuro de la juventud en América Latina

Las personas jóvenes son agentes esenciales para el cambio estructural que requiere la región. Sin embargo, en América Latina siguen enfrentando obstáculos para acceder a trabajos productivos y de calidad. No solo les cuesta más encontrar empleo, lo que se expresa en mayores tasas de desocupación, sino que, cuando lo hacen, acceden a trabajos de menor remuneración y mayor desprotección. Los obstáculos para la inclusión laboral afectan, en particular, a las juventudes que se encuentran dentro de los rangos de desigualdad social, evidenciándose importantes brechas según género, territorio, condición étnico-racial, situación de migración y discapacidad, entre otros.

Los sistemas educativos y de formación para el trabajo no se encuentran preparados para enfrentar las transformaciones y tendencias que se esperan para la región, de la misma forma que no han sido capaces de responder a las demandas cambiantes del mercado laboral. A pesar del aumento en el acceso a educación secundaria en la mayoría de los países de la región, siguen existiendo desafíos en la inclusión y calidad que dificultan las trayectorias educativas y laborales adecuadas, sobre todo en la juventud en situación de vulnerabilidad. Además, estos sistemas no han logrado estrechar sus vínculos con las empresas y los sectores productivos, lo que genera un desajuste de competencias con el mercado laboral, que se prevé que aumente con la transformación tecnológica y la transición hacia economías medioambientalmente sostenibles. Por ello, en un contexto de rápidos cambios tecnológicos, los sistemas educativos y de formación para el trabajo precisan desarrollar un enfoque centrado en competencias socioemocionales, digitales y cognitivas que les permitan mantenerse vigentes en contextos de transformaciones laborales, siendo uno de sus retos involucrar al sector productivo para alinear las demandas del mercado del trabajo y las proyecciones de los planes de formación, donde los programas cortos de orientación técnica y profesional cumplen un rol estratégico.

Para la inclusión social y laboral de la juventud y para activar las fuentes internas de crecimiento y progreso, es indispensable invertir en desarrollar sus conocimientos y competencias, no solo implementando medidas para garantizar la finalización de educación secundaria y el acceso inclusivo a educación superior, sino también fortaleciendo la educación técnico-profesional y los programas de capacitación. Para ello, se requiere una concepción integral de las políticas hacia adolescentes y jóvenes y contar con un enfoque territorial para responder a las necesidades y características de las distintas localidades y ser sensible a las diferencias. Todo ello con el objetivo de garantizar el acceso a servicios sociales desde un enfoque de derechos y trabajar activamente para superar las brechas existentes. Esto permitirá reducir las desigualdades entre jóvenes y apoyará a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, que serían las personas más afectados por las transformaciones. También es indispensable que las políticas enfocadas en las juventudes incluyan la participación juvenil en la toma de decisiones y en la formulación de las políticas que les atañen.

Las mujeres están particularmente en desventaja en el mercado laboral. Para reducir estas desigualdades de género se requiere abordar los sesgos de género que se desarrollan en la educación y en la formación para el trabajo que determinan que las mujeres se concentren en ocupaciones y sectores de menor remuneración y valoración social.

En base al análisis tendencial y prospectivo al 2030, se concluye que la juventud ocupada se irá concentrando crecientemente en el sector servicios, dejando progresivamente aquellas ocupaciones asociadas al trabajo agrícola y manufacturero. Esto, a corto plazo, podría significar una mejora de las condiciones laborales de las personas jóvenes ocupadas, pero, de no implementarse políticas públicas que respondan a los riesgos laborales asociados a las transformaciones actuales, esta situación corre el riesgo de revertirse. Esto, a medio plazo, podría llevar a mayores tasas de desempleo y niveles más altos de informalidad. En cuanto a la calidad del trabajo en el sector servicios, esta dependerá del número de puestos laborales en este sector. En un contexto de bajo crecimiento económico y baja generación de empleos, puede ocurrir que exista un desbalance entre la oferta y la demanda pudiendo existir mayor tasa de desempleo e informalidad juvenil. Siendo esta todavía mayor si la proyección se basa en la tasa de finalización de educación secundaria, sin tener en cuenta el crecimiento de la migración urbana-rural y los cambios sectoriales y de ocupación vinculados al cambio climático y de reconfiguración de la migración interregional. Además, estos cambios laborales perjudicarán a las personas jóvenes provenientes de entornos más vulnerables y a aquellas que ya enfrentan obstáculos para su inclusión laboral, ya que la expansión de la oferta educativa ha estado asociada a una segmentación que reproduce las desigualdades sociales.

América Latina se encuentra en una triple trampa de bajo crecimiento, con una productividad laboral estancada y una trayectoria de crecimiento negativa; alta desigualdad, manifestado en el desigual acceso a la educación de calidad y a oportunidades de trabajo decente, lo que perpetúa círculos de pobreza y exclusión; y baja capacidad institucional y de gobernanza, lo que impide responder eficazmente a estos desafíos. Además, se enfrenta a transformaciones medioambientales, demográficas y tecnológicas que marcarán el mercado laboral. Para redefinir el futuro, se pueden implementar acciones y políticas que se anticipen a estos cambios con el fin de disminuir la inseguridad laboral de la juventud a medio plazo, siendo la transformación digital, la transición hacia modelos de desarrollo medioambientalmente sostenibles y la implementación de sistemas integrales de cuidados una oportunidad necesaria para fomentar iniciativas que orienten la inversión hacia sectores prioritarios para una estrategia de desarrollo de largo plazo.

En este punto son de especial valor la implantación de políticas de inclusión laboral, para disminuir las altas tasas de informalidad juvenil e incentivar la creación directa e indirecta de empleos; las políticas de protección social, ya que proveen las condiciones materiales para que la juventud pueda involucrarse adecuadamente en sus procesos educativos y laborales sin dejar a nadie atrás, asegurando el acceso a la seguridad social independientemente del tipo de empleo; y la política pública, que permita afrontar el impacto de las grandes transformaciones en el empleo juvenil:

1. considerando el rol central de la educación técnico-profesional para preparar a las nuevas generaciones con competencias claves para su inclusión laboral;
2. respondiendo a la reconfiguración de la migración intrarregional, identificando y proponiendo respuestas a las necesidades educativas particulares de esta población para avanzar hacia su inclusión social y laboral;
3. en relación con los impactos del cambio climático en la región, ahondando en los desafíos para la inclusión laboral juvenil que surgen en el contexto de la transición hacia economías ambientalmente sostenibles.

Para ello, es esencial asegurar la sostenibilidad financiera de las distintas políticas, al mismo tiempo que asegurar niveles adecuados de cobertura y suficiencia de sus prestaciones, con el fin de asegurar estabilidad de las políticas públicas a medio plazo, así como, unas instituciones fortalecidas.