América Latina ha cerrado el año 2024 enmarcado en un contexto internacional caracterizado por una gran incertidumbre y volatilidad geopolítica y económica debido a la agenda de los actores internacionales. Esta situación se está visualizando como un factor de riesgo para la región al poderse ver alterados sus flujos comerciales y de personas, así como de apoyo a través de la ayuda internacional al desarrollo, y por lo tanto, pudiendo afectar en una reducción de las políticas sociales y de promoción de los derechos humanos impulsados por cada uno de los países de la región.
 A esta situación se une que la región se sigue enfrentando a diversos problemas multicausales y estructurales para lograr la mejora de sus indicadores socio-económicos. América Latina sigue siendo una de las regiones con el mayor nivel de desigualdad de la distribución de la riqueza: el 20% de las personas con mayores ingresos capta el 50,5% del total (CEPAL- Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2024). Esta desigualdad se traslada al acceso a los servicios básicos, como es la educación, la salud y las condiciones de vida de la población.
 Por otro lado, la región es muy vulnerable a las consecuencias negativas del cambio climático: inundaciones, tormentas, sequías y deslizamientos de tierra, entre otros. En 2024, en la región se registraron 56 eventos peligrosos y desastres naturales que afectaron directamente a más de seis millones de personas y causaron la pérdida de más de 800 vidas.
 Por último, la situación política y de seguridad se ha recrudecido en algunos países de la región como Ecuador, México y Colombia, debilitando las estructuras sociales para el liderazgo y desarrollo de programas socioeconómicos.