Arcoíris de Esperanzas

La cantidad de personas desplazadas y migrantes de diferentes nacionalidades en Costa Rica continúa en aumento, superando y poniendo en riesgo la capacidad y respuesta de atención a esta población. La situación se debe principalmente a la inestabilidad de la región, el impacto en la economía de los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19 y la profundización de un aumento de la movilidad humana por necesidades económicas.

Costa Rica como país de acogida, además ha enfrentado dificultades para la reactivación económica por efectos de la pandemia, sumado a una crisis fiscal acumulada en las finanzas de del país, impactando así en la generación de soluciones de integración social y económica, no sólo a favor de las personas desplazadas sino también de sus territorios más vulnerables. Lo anterior se puede ver reflejado en datos relacionados con la empleabilidad, cuando de un 90 % de la población desplazada, un 50 % pasó del empleo al subempleo y el restante 40 % actualmente se dedica a la informalidad. Además, estas personas en estado de vulnerabilidad se exponen a dificultades para acceder a servicios de salud y educación, estragos del cambio climático y al aumento de la violencia de género.

Si bien Costa Rica es uno de los países económicamente más prósperos de América Central y se ha adherido a una serie de iniciativas y tratados internacionales y regionales relacionados con el desplazamiento y el desarrollo como por ejemplo el Marco Regional Integral para la Protección y Soluciones para las Américas (MIRPS), el país continúa luchando para proteger a las personas afectadas por desplazamientos, bajo la premisa de que la migración y la movilidad humana son un derecho.

Las acciones de este proyecto proponen contribuir a que las personas desplazadas sean miembros productivos de las comunidades de Costa Rica y colaboren para promover la resiliencia, el crecimiento socioeconómico y el desarrollo común, mediante la participación en actividades para el fortalecimiento de capacidades en temas de empleo y emprendedurismo, prevención de la violencia basada en género, gestión del riesgo y protección de medios de vida.

Apegados al marco de derechos humanos de Costa Rica que indica que “todas las personas que habitan en la comunidad son titulares de derechos y responsabilidades”, los resultados están orientados a facilitar la cohesión social, la participación y la construcción entre los actores públicos y privados, y los y las personas desplazadas.
Para la resiliencia de los medios de vida, se contribuye al aumento de la generación de ingresos y de las oportunidades de subsistencia para las personas afectadas por los desplazamientos; mayor sensación de seguridad y disfrute de los derechos humanos para las personas afectadas por los desplazamientos; y una mejora de la prevención, protección y soluciones para desastres y desplazamientos relacionados con el clima.

• El triple nexo de estas acciones, converge en que para que la integración e inclusión funcione de manera efectiva como agente económico y social en sus comunidades se requiere de un ambiente libre de violencia, con acceso a salud, educación, protección y competencias que adoptan a nivel individual y comunitaria la gestión de riesgo y los Sistemas de Alerta Temprana ante amenazas naturales y de pandemia.
  La acción se orienta a una población meta de 21 745 (51 % mujeres) beneficiarios directos y 33 144 beneficiarios indirectos de las comunidades de acogida que mejorarán su resiliencia y el crecimiento socioeconómico y desarrollo común con un enfoque de gestión de riesgos ante amenazas de fenómenos naturales y COVID-19.

• 3 820 personas (1 895 mujeres y 1 925 hombres) serán informados como sujeto de derechos definidos por el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS).
• 573 personas (53,4 % mujeres), accederán a formación de competencias de emprendimientos micro empresariales de los cuales 230 personas acceden a recursos financieros e inician emprendimiento y/o consolidan una Pyme.
• 500 personas (53,4 % mujeres) accederán a formación de competencias para el empleo.
• 240 personas (120 mujeres y 120 hombres), gestores de procesos de servicios de legalización y protección, funcionarios que trabajan en instituciones garantes de derechos en el país y comunidades de acogida ven mejoradas sus competencias y capacidades.
• 230 empresarios locales (168 mujeres y 62 hombres) de pequeña y mediana empresa, con generan empleo para la inserción de migrantes y refugiados. De ellos 150 acceden a incentivos temporales (bono condicionado para seguridad social) para generar e incorporar empleos de migrantes y refugiados con competencias de empleabilidad.
• 420 Líderes y lideresas comunitarios y cantonales (mujeres 228 y 192 hombres) de ADECO y de los Comités comunitarios de emergencia y organizaciones locales de la comunidad de acogida, con prioridad líderes y lideresas de comunidades indígenas participan del proceso de cohesión social.
• 8 650 mujeres y 8 385 hombres de comunidades de acogida implementan procesos de empoderamiento personal y colectivo de las personas de la comunidad de acogida para favorecer su participación activa en las dinámicas económicas.