La cantidad de personas desplazadas y migrantes de diferentes nacionalidades en Costa Rica continúa en aumento, superando y poniendo en riesgo la capacidad y respuesta de atención a esta población. La situación se debe principalmente a la inestabilidad de la región, el impacto en la economía de los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19 y la profundización de un aumento de la movilidad humana por necesidades económicas.
Costa Rica como país de acogida, además ha enfrentado dificultades para la reactivación económica por efectos de la pandemia, sumado a una crisis fiscal acumulada en las finanzas de del país, impactando así en la generación de soluciones de integración social y económica, no sólo a favor de las personas desplazadas sino también de sus territorios más vulnerables. Lo anterior se puede ver reflejado en datos relacionados con la empleabilidad, cuando de un 90 % de la población desplazada, un 50 % pasó del empleo al subempleo y el restante 40 % actualmente se dedica a la informalidad. Además, estas personas en estado de vulnerabilidad se exponen a dificultades para acceder a servicios de salud y educación, estragos del cambio climático y al aumento de la violencia de género.
Si bien Costa Rica es uno de los países económicamente más prósperos de América Central y se ha adherido a una serie de iniciativas y tratados internacionales y regionales relacionados con el desplazamiento y el desarrollo como por ejemplo el Marco Regional Integral para la Protección y Soluciones para las Américas (MIRPS), el país continúa luchando para proteger a las personas afectadas por desplazamientos, bajo la premisa de que la migración y la movilidad humana son un derecho.