Una esperanza hacia el 2030, por la autonomía e inclusión de los pueblos indígenas

Esta región en el norte transfronterizo alberga comunidades de acogida que reciben a personas desplazadas, como migrantes, solicitantes de refugio, refugiados y personas costarricenses desplazadas internamente. La región ha experimentado un aumento en la desigualdad, agravado por la pandemia, afectando principalmente a sectores como la industria, la agricultura, la construcción y a las mujeres. A pesar de la débil recuperación económica desde 2021, persisten desafíos como la crisis fiscal, el acceso limitado a servicios públicos, y la vulnerabilidad de poblaciones como menores, mujeres y personas desplazadas. Además, la zona enfrenta barreras para la regularización migratoria, el acceso a educación, empleo y servicios, y altos índices de violencia de género. 

El proyecto se basa sobre los derechos indígenas. Destaca la importancia de garantizar la autodeterminación, la tenencia segura de tierras, la protección de defensores de derechos humanos, la justicia culturalmente pertinente, y el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. La acción propuesta busca fortalecer las capacidades de actores clave para mejorar la calidad de vida y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y afro costarricenses en situación de pobreza y violencia. Se promoverá un cambio hacia la inclusión, fomentando el diálogo con el Estado y la sociedad civil, y apoyando a mujeres y jóvenes indígenas en la implementación de iniciativas económicas con enfoque cultural. 

Se han mejorado las competencias técnicas de las personas desplazadas, generado oportunidades de empleo y emprendimiento, y fortalecido la protección y participación de menores y mujeres en sus comunidades. 

Entre los logros esperados estarían: 

• Las personas desplazadas mejorarán sus competencias técnicas para el empleo y el emprendimiento, favoreciendo su integración sociolaboral en las comunidades de acogida. 
• Mejora de la articulación entre actores público-privados, lo que favorecerá el clima de negocios y generará oportunidades de empleo y emprendimiento 
• Menores y mujeres fortalecerán sus capacidades de protección y participación para el ejercicio de sus derechos. 
• Mejora de la articulación de actores institucionales, organizaciones de la sociedad civil y comunitarias, para garantizar la protección y participación de la infancia y adolescencia en el ejercicio de sus derechos.