INTEGRÉMONOS

El área de intervención abarca la zona norte transfronteriza de Costa Rica. Esta región alberga comunidades de acogida para población en condiciones de movilidad humana.La población total proyectada en 2019 es de 572 174 personas. La zona enfrenta altos niveles de desigualdad, afectando principalmente a personas trabajadoras del sector industrial, agrario, de la construcción y a las mujeres. La recuperación económica ha sido débil, especialmente en áreas rurales, y la crisis fiscal ha reducido el acceso a servicios públicos. Las personas desplazadas enfrentan barreras en regularización migratoria, empleo digno, acceso a educación y salud, así como violencia y xenofobia. Además, la región sufre de presión poblacional y problemas ambientales, con una alta demanda de recursos naturales y productos agrícolas. 

En el proyecto contribuirá a la cohesión sociocultural y económica de las comunidades de acogida de personas en situación de movilidad humana en Costa Rica mediante diversas acciones. En primer lugar, se promoverá la inclusión económica a través de la generación de competencias para el empleo y el emprendimiento y la creación de alianzas para mejorar el clima de negocios. En segundo lugar, se garantizará la protección del derecho a vivir sin violencia. Además, se fomentará la articulación entre las instituciones y la sociedad civil para asegurar el reconocimiento y ejercicio de los derechos de todas las personas. Estas iniciativas se alinearán con las estrategias de las autoridades locales y cantonales, complementándose con los ejes de la Cooperación Española en Costa Rica: migración e integración, cultura y desarrollo, promoción de la equidad de género e igualdad, lucha contra la trata, y el programa para la atención de población migrante. 

Se mejoran las competencias técnicas de personas desplazadas, generando empleo y promoviendo la protección y participación de menores, adolescentes y mujeres en sus comunidades. 

Concretamente, señalamos los siguientes logros: 

• Mejora de competencias para el empleo: las personas desplazadas han fortalecido sus competencias técnicas, lo que ha facilitado su integración sociolaboral en las comunidades. 
• Generación de oportunidades de empleo: los actores público-privados han colaborado para mejorar el clima de negocio y generar oportunidades de empleo. 
• Fortalecimiento de capacidades en protección y participación: menores, adolescentes y mujeres han mejorado sus capacidades en cuanto a protección y participación, favoreciendo el ejercicio de sus derechos. 
• Articulación para la protección y participación de infancia y adolescencia: actores institucionales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades se han coordinado para garantizar la protección y la participación de la infancia y adolescencia en el ejercicio de sus derechos.