El proyecto busca reducir el sufrimiento de mujeres y niñas desplazadas, brindando asistencia humanitaria integral en espacios seguros que prevengan la violencia de género y protejan sus derechos.
La región centroamericana enfrenta múltiples crisis estructurales que impulsan la migración forzada, especialmente desde zonas rurales. En Guatemala, más del 60% de la población vive en pobreza multidimensional, situación agravada por los efectos del cambio climático, la violencia y la exclusión social. Mujeres y niñas en movilidad son particularmente vulnerables a la violencia basada en género, a pesar de que la migración es un derecho. La violencia común, el narcotráfico, la trata de personas y otras formas de crimen organizado también figuran entre las principales causas del desplazamiento forzado. Guatemala es un punto estratégico de tránsito migratorio y se encuentra entre los países más propensos a desastres a nivel mundial, lo que amplifica los riesgos para las poblaciones más vulnerables. A esta compleja situación se suma la fragilidad institucional, marcada por la escasa capacidad humana, financiera y de gestión, lo que limita gravemente la respuesta ante crisis humanitarias.
El proyecto tiene como objetivo aliviar el sufrimiento de mujeres y niñas en situación de movilidad forzada que enfrentan riesgos de violencia basada en género. Para ello, se enfoca en garantizar el acceso a una atención humanitaria integral en entornos más seguros, promover campañas de sensibilización e información orientadas a la protección de personas migrantes, especialmente mujeres y niñas, y fortalecer los espacios de coordinación institucional a nivel local. Además, se desarrollan acciones formativas y estrategias de comunicación para difundir mensajes clave a través de medios como televisión, radio y redes sociales. También se impulsa la gestión del conocimiento sobre protección frente a la violencia basada en género en las fronteras, a través de talleres y activación de protocolos de atención y derivación de casos. El proyecto promueve una respuesta articulada y eficaz, poniendo énfasis en la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables.
Avances en la atención y protección integral de personas en movilidad forzada, con un enfoque especial en mujeres y niñas, fortaleciendo la respuesta humanitaria, la articulación institucional y la prevención de la violencia de género.
Más de 20 años de experiencia en cooperación internacional. Impulsa metodologías y evidencias de campo incluidas en políticas y estrategias de gobiernos nacionales y de Centroamérica, en temas de seguridad alimentaria, gestión integral del riesgo y agroclimas. Ha sido coordinadora técnica de reducción de riesgos de desastres y agroclimas y coordinadora de la iniciativa y consorcio del corredor seco en el convenio CA-4.
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