En Nicaragua, el trabajo infantil afecta a una parte significativa de la niñez y adolescencia, con un alto porcentaje trabajando por debajo de la edad mínima legal. Entre 2012 y 2019, el número de niñas, niños y adolescentes que trabajan se duplicó, evidenciando su normalización en contextos de pobreza. Esta situación se ha agravado con la crisis económica, la informalidad laboral y la migración, especialmente tras la pandemia, lo que ha afectado a la escolarización. Paralelamente, la violencia sexual contra niñas y adolescentes es alarmante, con la mayoría de los casos ocurriendo en el hogar. Organizaciones sociales reportan múltiples formas de explotación sexual comercial en el país, como el abuso mediante pago, pornografía infantil, trata con fines y turismo sexuales. A pesar de acciones estatales para enfrentar el trabajo infantil, persiste la necesidad de fortalecer la prevención, la desvinculación y la protección de niñas, niños y adolescentes mediante una acción articulada entre sectores públicos, privados y comunitarios.