Buscar
La Presidencia española comienza en un momento marcado por múltiples crisis: la pandemia, la crisis climática, la crisis alimentaria y la guerra en Ucrania. Estas crisis han aumentado los precios de la energía y los alimentos a nivel mundial, generando una inflación que afecta especialmente a las personas más vulnerables. En América Latina, la inflación se ha duplicado en comparación con el resto del mundo.
Enfoque para la juventud
La Presidencia debe marcar mensajes claros y sólidos que refuercen los valores europeos de justicia, solidaridad y derechos humanos. Además, debe tener en cuenta la juventud y su importancia tanto a nivel interno como externo. La Presidencia española coincide con el final del ciclo institucional europeo, antes de las elecciones en Europa y el nombramiento de la nueva Comisión encargada de acelerar el cumplimiento de los ODS en 2030.
La Presidencia española prioriza una triple transición ecológica, socioeconómica y digital centrada en las personas, con enfoque feminista y en colaboración con la juventud. La juventud ha enfrentado diversas crisis en los últimos 15 años, incluyendo la económica, la del COVID-19 y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Es crucial que esta transición sea justa para los grupos más vulnerables y se enfoque en combatir las desigualdades, tanto dentro como fuera de Europa.
Respeto a los Derechos Humanos y Medioambientales
La coherencia entre las políticas de la UE y sus Estados miembros es fundamental para esta transición, evitando contradicciones entre ellas. Por ejemplo, la adopción de una ambiciosa Directiva Europea de Debida Diligencia sería un logro importante para fortalecer esta coherencia. Las organizaciones sociales buscan una directiva que obligue a todas las empresas y sectores a actuar con debida diligencia para respetar los derechos humanos y medioambientales a lo largo de su cadena global de valor. Actualmente, la falta de estándares legales y acceso a la justicia para las víctimas ha creado lagunas de responsabilidad, permitiendo que las empresas se beneficien de operar en países sin protecciones adecuadas. Medidas como esta asegurarían que las acciones exteriores de las empresas europeas estén alineadas con las políticas de cooperación, medio ambiente y protección de los derechos humanos.
Refuerzo de la UE como actor de cooperación y humanitario
En cooperación, abordar crisis como la alimentaria, agravada por la guerra en Ucrania, el cambio climático y un sistema alimentario insostenible, es una oportunidad para promover reglas comerciales justas para la agricultura familiar y sostenible. Se debe fomentar la perspectiva de género y apoyar el acceso de los jóvenes a oportunidades educativas y empleos dignos. Para lograr esto, se requiere financiamiento previsible, flexible y plurianual, con participación garantizada de la sociedad civil.
Las guerras, la falta de acceso a recursos naturales y los eventos meteorológicos extremos se ven afectados por la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, generando o acelerando crisis humanitarias. Estas crisis son cada vez más largas, agresivas y provocan desplazamientos forzados constantes.
En este sentido, las medidas de la Presidencia, como el impulso de la acción temprana y la preparación para desastres, y la promoción del triple nexo entre desarrollo, humanidad y paz, son apreciadas por los expertos. Sin embargo, se requiere mayor financiamiento y mejores mecanismos para implementar este enfoque de manera ágil, flexible, eficiente y garantizando la protección de las personas necesitadas.
El desafío de los desplazamientos forzados
Una prioridad es brindar apoyo a las personas desplazadas por la invasión rusa de Ucrania, incluyendo la prórroga de la Protección Temporal. Este mecanismo ha sido elogiado por organizaciones que trabajan con migrantes y refugiados, y debería extenderse a personas de cualquier país que huyan de la guerra. La crisis en Ucrania ha generado más de 8 millones de refugiados, poniendo a prueba el sistema actual, pero también demostrando que con voluntad política se pueden garantizar derechos. En la gestión de los flujos de asilo y migración, es crucial que prevalezcan los valores europeos de justicia y solidaridad.
Otra de las prioridades en este ámbito es continuar con las negociaciones del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que sigue en revisión desde hace 3 años al no existir consenso entre los Estados miembros a la hora de establecer reglas de reparto de la carga de las personas migrantes y refugiadas. Unas negociaciones que deberían de terminar antes del fin de la legislatura europea.
Asilo: una responsabilidad compartida
La propuesta actual del Pacto en discusión no cambia las reglas del sistema para garantizar la responsabilidad compartida en materia de asilo. En cambio, impulsa el modelo de externalización de fronteras, no promueve vías legales y seguras, no protege el derecho de asilo y no aborda de manera ambiciosa y valiente la gestión de los flujos migratorios mediante políticas. A lo largo de la historia, la migración ha demostrado ser ventajosa tanto para las personas migrantes como para los países de origen y de acogida.
Desde las organizaciones esperamos que la Presidencia lidere un enfoque solidario que garantice la protección internacional y una vida digna para las personas en busca de refugio. Esto incluye propuestas como un reparto equitativo entre los Estados miembros con cuotas obligatorias de reubicación, la defensa del salvamento y rescate en el mar, la lucha contra la criminalización del personal humanitario y una gestión individualizada y garantista de las solicitudes de asilo, respetando el principio de no devolución según la Convención de Ginebra. También es importante extender la aplicación de la Directiva de Protección Temporal en situaciones de crisis, como se ha demostrado eficaz en el caso de Ucrania, y promover una sociedad europea de acogida inclusiva e igualitaria, combatiendo los discursos de odio y fomentando la convivencia, la inclusión y la cohesión social.
Relaciones bilaterales entre América Latina, el Caribe y la UE
Es igualmente bienvenido, el relanzamiento de las relaciones bilaterales entre América Latina y el Caribe y la UE que tendrá lugar en el marco de la Cumbre UE-CELAC los días 17 y 18 de julio en Bruselas. La Presidencia tiene la oportunidad de abanderar una nueva agenda birregional en la que la UE demuestre que las personas están en el centro y que los acuerdos comerciales y las necesarias inversiones económicas en materias clave como la energía, el desarrollo digital, las infraestructuras o los servicios se llevan a cabo bajo procesos de debida diligencia antes mencionados. Todas estas inversiones deben de estar centradas, desde el ámbito político, en cerrar las brechas de desigualdad existentes en el continente y que contribuyen a la sostenibilidad del planeta, refuerzo de la democracia, la justicia social y de derechos humanos bajo una mirada feminista y de juventud.
El fomento de una formación que provea de empleos dignos y relevantes para el contexto actual y futuro que tenga en cuenta la educación digital, científica y tecnológica, pero que incluya la educación en valores ciudadanos y de respeto de la diversidad.
Agenda 2030
Hoy es crucial que las Iniciativas Equipo Europa, el Global Gateway y el NDICI-GE, se orienten a la reducción de las desigualdades y al cumplimiento de la Agenda 2030, facilitando los espacios de rendición de cuentas y seguimiento por parte de la sociedad civil. Será necesario facilitar un acceso sencillo y garantista a recursos financieros para el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con los colectivos más vulnerables.
Otras medidas a tener en cuenta sería el apoyo de la UE a la cancelación de deuda a países de América Latina y el Caribe (ALC) en los espacios multilaterales financieros.
Otro de los aspectos a impulsar por la Presidencia española sería el fortalecimiento de los espacios de participación democrática ciudadana. Esto incluye proteger el derecho a la expresión y manifestación, así como apoyar a las organizaciones de la sociedad civil críticas con los gobiernos. Es crucial que la UE brinde apoyo a la protección de la sociedad civil, especialmente a las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales.
