Todos somos conscientes de las consecuencias (casi siempre malas o muy malas) de no hacer caso a las prescripciones médicas cuando estamos enfermos. Nos gusten o no, si somos responsables, sabemos que debemos aceptar el diagnóstico y asumir lo que nos dicen los médicos en beneficio de nuestra salud. A pesar de esta verdad, los Gobiernos siguen desoyendo lo que la comunidad científica les dice de cara a poner remedio a un planeta cada vez más enfermo y en constante aumento de sus temperaturas medias. Y es que el acuerdo final de la COP25 -“Chile-Madrid. Tiempo de actuar”- que se cerró el 15 de diciembre de 2019 ha sido una vez más demasiado tibio para la realidad que vivimos y abordaremos en los próximos años.
En un contexto de emergencia, los Gobiernos mantienen una velocidad de respuesta absurdamente lenta frente el reto que tenemos por delante de no sobrepasar el incremento de 1,5ºC de temperatura media respecto a de los niveles pre industriales. No se trata de ser catastrofista, ni de pintar un mundo distópico que ya hemos visto en algunas películas, se trata de escuchar a la comunidad científica y sus recetas. Y todo ello nos sigue diciendo que los compromisos son insuficientes si queremos evitar un futuro peor para el planeta y por tanto, para la Humanidad.
Compromisos aplazados hasta la COP26 de Glasgow
Los compromisos de mayor ambición en la lucha contra el cambio climático, a pesar de que se consideran necesarios, se han dejado pendientes hasta la COP26 de Glasgow en 2020. Otro de los asuntos postergados para Glasgow ha sido el de la regulación de los intercambios de reducciones de carbono (el artículo 6), que debe de regular el mercado de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) poniendo en marcha medidas que eviten la doble contabilidad de las emisiones, que integre también a empresas (además de los países) y que sea un sistema creíble y verificable.
A pesar de que aún no existe la suficiente representatividad de países y Gobiernos para alcanzar el multilateralismo que requiere este problema para abordarlo de manera efectiva, hay que reconocer ciertos compromisos. La Comisión Europea, por ejemplo, se ha comprometido a conseguir que los estados de la UE alcancen la neutralidad de carbono en 2050, emitiendo a la atmósfera tantos GEI como los que absorbería la naturaleza. Sin embargo, aún existe la oposición de algunos de los países más contaminantes del mundo: ni están ni se les espera.
Con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, o la ausencia en Madrid de los líderes de China, India, Rusia y Brasil, hay grandes emisores que siguen entendiendo la gestión del cambio climático como algo hacia el interior de sus fronteras. De este modo, se toman decisiones en función de intereses puramente económicos y con una mirada de corto plazo, puesta más en las siguientes elecciones que en futuro sostenible para las nuevas generaciones.
Y es que la juventud sí está demostrando una madurez que los líderes no tienen, al exigirles medidas mucho más ambiciosas que frenen el calentamiento global, que conduzcan a un planeta más justo para quienes menos tienen, más sostenible y habitable en todas sus zonas. Esta madurez es precisamente, molesta para muchos, porque se disfraza de simplista y de ingenuamente bienintencionada, cuando no sometida a no sé qué intereses ocultos de no se sabe quién. Se sacrifica al mensajero y no se actúa sobre el problema.
Ayuda en Acción en la COP25: con las personas más vulnerables
Para Ayuda en Acción, las preocupaciones de cara a esta COP25 ponían el foco en las personas y comunidades más afectadas ya por el cambio climático que, paradójicamente, son aquellas que menos han contribuido a este. Millones de personas que ven como el hambre está aumentando debido al efecto multiplicador que el cambio climático tiene sobre los fenómenos climatológicos extremos, tienen que sobrevivir en entornos donde cada vez es más complicado sacar adelante a las familias .
En este sentido, además de que los países hubiesen adquirido compromisos más ambiciosos de reducción de sus emisiones de GEI, estaba la petición de apoyar con una financiación justa a estos grupos y países más vulnerables. ¿Cómo hacerlo? No solo mediante más fondos de cooperación internacional (el Gobierno de España, por ejemplo, dedica un escaso 0,2% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo, lejos del 0,5% de la media de los países de la UE), sino a través de la dotación de fondos al nuevo Fondo Verde del Clima. Dicho Fondo, que reclama 100.000 millones de dólares anuales, deberá ser la principal fuente de financiación para paliar las pérdidas y daños que sufren los países más vulnerables a los fenómenos climáticos extremos.
Por otro lado, un aspecto que sí es de celebrar, es el esfuerzo del Gobierno español en su decisión y capacidad para la organización de esta Cumbre, haciendo en apenas un mes lo que suele llevar mucho más tiempo y dando una enorme visibilidad al problema del cambio climático en nuestra sociedad. Esta voluntad política, además, ha recibido el respaldo de una gran parte de la sociedad española que reclama medidas más ambiciosas, que Gobierno y oposición deben de valorar.
