Empoderar a mujeres indígenas mam en el ámbito económico y social, activando redes de protección comunitaria con actores locales de atención primaria en salud que permitan mejorar el acceso a servicios de salud materno-infantil.
Guatemala enfrenta un grave problema de salud pública debido a sus lentos avances en la lucha contra la desnutrición crónica. Su prevalencia de desnutrición crónica en el país alcanza el 46,5%, cifra cuatro veces superior al promedio de América Latina. Las poblaciones más afectadas son las de bajos ingresos, rurales e indígenas y los departamentos más impactados son Huehuetenango, Chiquimula y Totonicapán.
El departamento de Huehuetenango está situado en el occidente de Guatemala y es el segundo más poblado (1,2 millones de habitantes) después de la capital. Además, es el que comparte la frontera más extensa con México, lo cual lo convierte uno de los departamentos con mayores movimientos migratorios del país. El 72% de su población vive en el área rural y el 65% pertenece al pueblo maya, principalmente a la comunidad lingüística mam (42%), con un índice de pobreza departamental del 73,8%. El área de intervención de esta propuesta está concentrada en dos municipios de Huehuetenango: San Juan Atitán y San Idelfonso Ixtahuacán.
La economía de Huehuetenango se ha basado en la agricultura con diferentes cultivos de acuerdo con la variedad del clima. En tierra caliente, se encuentra producción de café, caña de azúcar, tabaco, chile, yuca, achiote y gran variedad de frutas. En tierra fría, se cultiva trigo, papa, cebada, alfalfa, frijol, algunas verduras y frutas propicias del clima. El maíz se produce en todo el departamento, así como el café, con gran reconocimiento nacional e internacional. En cuanto a la producción pecuaria, hay grandes rebaños de ovejas; mientras que el ganado vacuno y caballar se ha reducido a pequeñas haciendas. Existe además una importante producción de artesanías y textiles.
Con el fin de lograr tener un impacto sobre los grupos objetivos (mujeres embarazadas, lactantes e infancia menor de dos años), se requiere un paquete integral de atención que involucra la protección desde el hogar de la madre y la niña/el niño. Esto se consigue través del empoderamiento de las mismas mujeres, brindando espacios de autoayuda, un plan de parto y mejorando las relaciones de género y cuidado de la madre (pre y post parto).
A su vez, se precisa de la activación de las redes comunitarias de protección, teniendo en cuenta la falta de acceso a servicios como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Es necesario también fortalecer las capacidades de los siguientes grupos:
a) agentes de salud comunitarios.
b) redes de jóvenes para la promoción de buenas prácticas en el hogar.
c) facilitadores/as comunitarios/as para los grupos de autoayuda y en acompañamiento de las mujeres implicadas en la acción. Así, vinculamos a estos actores en la atención maternoinfantil con un enfoque de derechos y pertinencia cultural, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Más de 20 años de experiencia en cooperación internacional. Impulsa metodologías y evidencias de campo incluidas en políticas y estrategias de gobiernos nacionales y de Centroamérica, en temas de seguridad alimentaria, gestión integral del riesgo y agroclimas. Ha sido coordinadora técnica de reducción de riesgos de desastres y agroclimas y coordinadora de la iniciativa y consorcio del corredor seco en el convenio CA-4.
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