Desde el 13 de junio Ecuador vive inmerso en un paro nacional convocado por el movimiento indígena y las organizaciones sociales en rechazo a las medidas económicas del presidente Lasso. El estallido social se intensificó una semana atrás cuando las movilizaciones y las protestas nos dejaron estampas donde se manifestaron episodios violentos en varios lugares del país, y que recuerdan los vividos en el paro nacional de Octubre de 2019.

Según las organizaciones que conforman la Alianza por los Derechos Humanos y las fuentes oficiales, hasta el momento se han registrado 74 violaciones a los derechos humanos, seis personas fallecidas, 313 heridos, 147 detenciones y siete desapariciones. Son cifras preocupantes que se suman a declaraciones como las realizadas por el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que insta a poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes durante las protestas.

En este sentido, Ayuda en Acción forma parte de la Red de Protección Integral de Ibarra, donde se han activado guarderías para la acogida de niñas y niños para evitar que sean víctimas de abusos o violencia física, mientras sus madres y padres se encuentran en las manifestaciones. Además, el cierre de carreteras en 23 de las 24 provincias de Ecuador es algo que también ha podido ser constatado por el equipo de Ayuda en Acción en sus lugares de intervención.

No obstante, el desconocimiento real de las vulneraciones de los derechos de infancia y adolescencia, junto a la violación de derechos humanos, son acontecimientos alarmantes para nuestra organización. Ante la situación actual, hacemos un llamamiento especial al respeto y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de los derechos humanos, en la búsqueda de un diálogo que rebaje las tensiones y encuentre una salida de paz.

Pobreza y alza de precios, principales motivos de las movilizaciones


El 13 de junio el movimiento indígena liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE),  junto a varias organizaciones como el movimiento feminista y de estudiantes, así como gremios de trabajadores como el agrícola, convocaron a un paro nacional exigiendo al gobierno el cumplimiento de diez demandas, las principales vinculadas con la congelación de los precios de los combustibles, el control de precios de los productos de la canasta básica, la no ampliación de la frontera minera y la no privatización de los sectores estratégicos del país.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC), la población indígena representa el 7% de la población del país. Precisamente, de acuerdo a los últimos datos proporcionados por el INEC, la pobreza multidimensional se sitúa en un 39,2% a nivel nacional, siendo en el sector rural más evidente, donde mayoritariamente están presentes los pueblos indígenas, ya que afecta al 70,7% de la población.

En Ecuador la tasa de subempleo constituye el 22,6%, mientras que el sector informal es del 53,1%, siendo el empleo no remunerado en el área rural el 26,9%. Asimismo, la situación de la niñez y la adolescencia en hogares en situación de pobreza multidimensional alcanza el 42%, si bien cabe recalcar que podría haber aumentado a raíz de la COVID-19.

Además del impacto en la economía debido a la pandemia, actualmente se estima que la compra de alimentos supone entre el 40% y el 50% del presupuesto mensual de una familia de clase media ecuatoriana. Ello, sumado a la inflación que se encuentra en alza, son también considerados factores de riesgo para caer en la pobreza.

En medio de estas reivindicaciones se han presentado dos escenarios paralelos. Por un lado las negociaciones, iniciadas y posteriormente paralizadas entre el gobierno y el movimiento indígena para dar salida a la crisis, y por otro la petición de destitución del presidente de la República, que se ha debatido en estos días en la Asamblea Nacional y que finalmente no obtuvo los votos necesarios.

Presentes en las comunidades rurales para generar oportunidades


Desde 1986 Ayuda en Acción está presente en Ecuador desarrollando proyectos, especialmente en las zonas rurales del país. En la actualidad trabajamos en seis provincias (Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Guayas y Azuay) donde intervenimos en 35 parroquias y 185 comunidades.

Nuestros proyectos están orientados al impacto para que las comunidades rurales sean protagonistas de su futuro. Por ello, trabajamos en proyectos a largo plazo (entre 10 y 15 años) para asegurar cambios de manera sostenible. A través de la participación activa de las comunidades, desarrollamos cadenas de valor que generan empleo digno, aumentando sus ingresos económicos y garantizando sus derechos fundamentales para salir de la pobreza.

Una muestra de nuestro trabajo en cadenas de valor es el trabajo que desarrollamos con productos como cacao, café, lácteos, caña de azúcar y aguacate, que permitió incrementar sus ingresos a 6735 personas durante 2021. Además, consideramos esencial impulsar las economías locales, por lo que 11 organizaciones fueron insertadas en estas cadenas de valor. Todo ello lo hacemos siempre apostando por las nuevas generaciones y teniendo en cuenta la sostenibilidad del planeta.

Además de implementar proyectos en gestión social del agua, derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos de las mujeres y movilidad humana, somos conscientes de que nuestra labor ayuda a construir sociedades más equitativas e igualitarias, cuya visión de futuro se base en la prosperidad, reduciendo la inseguridad y la inestabilidad económica y social que enfrentan las familias ecuatorianas, especialmente en el sector rural.

 

*Artículo escrito por Aitor Montero y Carlos Hernández (Ayuda en Acción)