Implementación de sistemas de protección para reducir las situaciones de violencia, fortalecer sistemas de protección y generar alianzas.
Bolivia tiene una de las más altas incidencias de violencia en la región. En 2019 ocupaba el primer lugar en violencia en Latinoamérica y el primer lugar en feminicidios de Sudamérica, a pesar de que muchos de los casos no se registran debido a la falta de denuncia. Los casos hacia menores y mujeres se han visto incrementados en la pandemia por el confinamiento.
La violencia hacia poblaciones vulnerables, en especial menores y mujeres, persiste debido a la limitada comunicación y afecto en la familia, que provoca relaciones familiares violentas, y a la pérdida de la figura parental positiva debido a prácticas no adecuadas en la crianza. Además, hay una tendencia a la naturalización de la violencia y al encubrimiento en la familia y/o comunidad.
Los sistemas públicos de protección formal tienen poca capacidad para la prevención y atención de situaciones de violencia. Además, existe una falta de credibilidad en instancias formales por la población debido a varios factores, como la discontinuidad en el seguimiento de casos. Por otro lado, la atención inadecuada y la poca presencia en comunidades repercuten en el abandono de casos. Asimismo, la alta rotación de personal limita la experiencia en la atención de casos.
Además, las organizaciones de la sociedad civil apenas se implican en la protección corresponsable de menores y mujeres. Esto se debe a la normalización de los tipos de violencia, el abordaje y resolución en lo privado o público y a los criterios de gravedad definidos por la misma comunidad.
El proyecto pretende colaborar con la reducción de la incidencia de situaciones de violencia hacia menores y mujeres mediante la implementación de sistemas de protección comunitarios. Se trata de sistemas orientados a la prevención y articulados con el sistema formal de protección para activar la atención integral. En ellos se trabaja con los cuidadores en el desarrollo de competencias relacionadas con la crianza positiva como medida de prevención de la violencia en el entorno de población vulnerable y potenciales víctimas.
Para conseguir reducir la violencia, potenciamos el cuidado y autocuidado en entornos familiares, escuela y comunidad. Desarrollamos capacidades para la desnaturalización e identificación de tipos de violencia y sus señales para que los actores de entornos familiares, escolares y comunales sepan actuar ante posibles situaciones.
Además, promovemos la conformación de sistemas de protección comunitarios para poder derivar los casos según corresponda, a partir de la identificación. Igualmente, fortalecemos las competencias de servidores públicos y titulares de obligaciones conformantes del sistema formal de protección, incorporando estándares internacionales en la atención.
Para la intervención consideramos tres componentes: el desarrollo de competencias para el cambio de comportamientos que reduzcan las situaciones de violencia de los actores involucrados en el entorno de menores y mujeres; el fortalecimiento de sistemas de protección incorporando el sistema comunitario establecido como mecanismo de protección en la Ley 548 “Código niño, niña y adolescente”; y la generación de alianzas para la sostenibilidad y escalabilidad de la intervención.
Ponemos especial atención en el enfoque de interculturalidad, considerando las particularidades de las comunidades indígenas guaraníes, moxeñas y quechuas y adecuando las metodologías de los procesos de intervención a cada una de las culturas. También trabajamos en el enfoque intergeneracional, utilizando materiales y metodologías –principalmente lúdica– adecuados a grupos etarios y su correspondiente idioma.
El proyecto incide en 2170 personas (868 hombres y 1302 mujeres) entre los que se encuentran:
Los principales objetivos del proyecto son:
Licenciada en informática (Argentina), Maestría en Computación (México), estudios complementarios en gestión de recursos humanos, gestión de calidad, procesos financieros, incidencia pública, liderazgo y gestión estratégica, teoría de cambio o financiamiento exterior. Ha trabajado como coordinadora de proyectos informáticos o realizando consultorías internacionales en Sudamérica y Centroamérica. Ha desempeñado también cargos gerenciales en la Defensoría del Pueblo, fondos de inversión o redes de ONG. Ha sido directora de servicios organizacionales en Visión Mundial Bolivia y Brasil y actualmente es directora de la oficina nacional de Ayuda en Acción en Bolivia.
“Antes no se veía esto. A mí me hubiera gustado conocer estos derechos cuando era niña para así también reclamar lo que nos correspondía. Si antes hubiera habido más participación de niñas, niños y adolescentes y se nos hubiera tomado en cuenta, ahora tendríamos más progreso y más desarrollo, sobre todo, en las comunidades rurales”.
Eida, maestra de escuela en la Amazonía de Bolivia y madre de una niña apadrinada.
“Las mujeres y los hombres tenemos que trabajar juntos para salir adelante y no solo hacer respetar nuestros derechos, sino también para trabajar y participar como líderes, ya sea en la comunidad o en el municipio. Ahora la mujer no solo está para quedarse cuidando la casa”.
Exilda Vallejos, una mujer emprendedora de Bolivia.
“En los talleres de Ayuda en Acción nos han hablado mucho de la participación de niños y niña. Aprendí que tenemos derecho a la participación, a dar una opinión, a tener una familia… y hay muchos más derechos que aún no conocemos”.
Milagros, de 12 años, ha asistido a los talleres que Ayuda en Acción organiza para que la infancia conozca sus derechos
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