Trabajamos desde 2006 en Colombia y, en este momento, en los departamentos de Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Focalizamos nuestra intervención principalmente en comunidades rurales, población indígena, afrocolombiana, población migrante y retornada.
personas atendidas en situación de crisis humanitarias.
emprendimientos fortalecidos: asistencia técnica, procesos de incubación, capital semilla y acceso financiero.
menores formados en procesos pedagógicos contra la violencia de género.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en 2021 el 39,3 % de la población residente en Colombia se encontraba en condición de pobreza monetaria y un 12,2 % en condiciones de pobreza monetaria extrema.
La pobreza en zonas rurales triplica a la de zonas urbanas. Los principales retos a los que nos enfrentamos en nuestros proyectos son los altos niveles de informalidad en el empleo, los conflictos por el uso del suelo, la prestación deficitaria de los servicios públicos, las dificultades para la comercialización y la falta de adaptación de paquetes tecnológicos.
La pobreza y desigualdad se enmarcan en un escenario de conflicto social y político armado. Tras el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, los líderes sociales y ambientales continúan siendo asesinados. Se mantiene una disputa por el control de los territorios, en los que entran en juego también los cárteles del narcotráfico que los necesitan para el cultivo de la hoja de coca y la producción de clorhidrato de cocaína.
La violencia ocasiona el desplazamiento forzado de las personas que la sufren, con graves consecuencias para los derechos humanos, el tejido social y el desarrollo económico. En lugares donde la población productora ha tenido que dejar sus hogares y tierras, la producción de alimentos se sustituye por la producción de la hoja de coca. Los departamentos de Nariño y Norte de Santander son actualmente los principales productores.
Colombia alberga un total de 2,2 millones de personas refugiadas y migrantes que han dejado Venezuela. Tienden a concentrase en las zonas más vulnerables de las principales ciudades. La mayoría de la población migrante está indocumentada, lo que aumenta aún más su situación de vulnerabilidad. La juventud y las mujeres son las principales víctimas de trata, explotación sexual y laboral, prostitución y reclutamiento por parte de actores armados o delincuenciales.
En Colombia en 2025 Ayuda en Acción impulsó cadenas productivas sostenibles y competitivas, y atendió a miles de personas afectadas por diversas crisis humanitarias:
1. Desarrollo económico y mercados inclusivos: fortalecimiento productivo de las cadenas de valor de cacao, lácteos, apicultura y ajonjolí. Más de 500 familias cacaoteras en Cauca y Nariño incrementaron su producción un 25%, mientras que microempresarios lácteos potenciaron su capacidad exportadora.
2. Protección de derechos y acción humanitaria: despliegue de asistencia humanitaria de emergencia para la atención integral de más de 13 000 personas en situación de movilidad humana en Norte de Santander, combinado con el empoderamiento de 150 mujeres rurales que lideran redes de salud mental comunitaria.
Millones de personas escogen o se ven obligadas a quedarse en su país, a pesar de crisis climáticas, conflictos o desigualdades. Es hora de visibilizar sus voces, apoyar sus decisiones y garantizar que nadie sea invisible por no migrar.
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