Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en 2020 el 42,5% de la población residente en Colombia se encontraba en condición de pobreza monetaria y un 15,1% en condiciones de pobreza monetaria extrema.

La pobreza en zonas rurales triplica a la de zonas urbanas. Los principales retos a los que nos enfrentamos en nuestros proyectos son los altos niveles de informalidad en el empleo, los conflictos por el uso del suelo, la prestación deficitaria de los servicios públicos, las dificultades para la comercialización y la falta de adaptación de paquetes tecnológicos.

La pobreza y desigualdad se enmarcan en un escenario de conflicto social y político armado. Tras el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, los líderes sociales y ambientales continúan siendo asesinados. Se mantiene una disputa por el control de los territorios, en los que entran en juego también los cárteles del narcotráfico que los necesitan para el cultivo de la hoja de coca y la producción de clorhidrato de cocaína.

La violencia ocasiona el desplazamiento forzado de las personas que la sufren, con graves consecuencias para los derechos humanos, el tejido social y el desarrollo económico. En lugares donde la población productora ha tenido que dejar sus hogares y tierras, la producción de alimentos se sustituye por la producción de la hoja de coca. Los departamentos de Nariño y Norte de Santander son actualmente los principales productores.

Colombia alberga un total de 1,7 millones de personas refugiadas y migrantes que han dejado Venezuela. Tienden a concentrase en las zonas más vulnerables de las principales ciudades. La mayoría de la población migrante está indocumentada, lo que aumenta aún más su situación de vulnerabilidad. La juventud y las mujeres son las principales víctimas de trata, explotación sexual y laboral, prostitución y reclutamiento por parte de actores armados o delincuenciales.

Dinamizamos procesos y oportunidades económicas innovadoras que favorezcan los procesos organizativos, técnicos y productivos en cadenas de valor. Fomentamos el empleo y emprendimiento de manera que la juventud tenga un ingreso decente y sostenible.

Impulsamos procesos productivos, damos apoyo técnico y ayudamos a la inserción de productos en circuitos de mercados locales, nacionales e internacionales. Promovemos el acceso sostenible a agua potable y garantizamos el acceso a alimentos a través de la agricultura sostenible.

Dinamizamos el tejido productivo de los territorios, facilitando escenarios que propicien la formación para el trabajo y el emprendimiento. Desarrollamos cadenas de valor sostenibles en sectores como la agricultura. Impulsamos la articulación de los productores con redes locales, departamentales y nacionales, facilitando condiciones de empleabilidad que respondan a la vocación económica del territorio.

Contribuimos en los procesos educativos y de participación para la superación de la violencia y la construcción de una cultura de paz. Potenciamos la participación ciudadana para la prevención de violencia, garantizando así una coexistencia pacífica.

Promovemos sistemas de protección y atención para contribuir a la disminución de los índices de violencia contra las mujeres y para cerrar brechas género. Asimismo, reconocemos el papel fundamental de las mujeres en los procesos de desarrollo.

Damos acceso a condiciones básicas a personas migrantes, desplazadas y retornadas que viven en condiciones de vulnerabilidad con el objetivo de garantizar su seguridad y supervivencia. Promovemos la integración comunitaria fomentando una visión positiva de la migración en las comunidades receptoras.

Por último, trabajamos de la mano con diferentes instituciones para ofrecer una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Luchamos contra el abandono escolar prematuro y la transmisión intergeneracional de la pobreza. Promovemos sistemas de protección frente a situaciones de violencia y abuso o el trabajo forzado de menores.

• 49 333 personas fueron atendidas durante la crisis de la COVID-19. A ellas sumamos otras 12 448 personas atendidas en diferentes crisis humanitarias.
• 2834 personas desplazadas han recibido asistencia y protección.
• 1361 personas incrementaron sus ingresos.
• 194 mujeres tomaron decisiones en el entorno familiar.
• 4673 personas participaron en programas de cultura de paz y prevención de intolerancia.
• 15 instituciones educativas del país recibieron más de 1000 tabletas para que niños y niñas pudieran acceder a educación virtual, especialmente durante el periodo de confinamiento.