Desde la irrupción de la COVID-19 se ha desencadenado en América Latina un escenario de desaceleración económica que ha aumentado las desigualdades y las vulnerabilidades de algunos grupos de población. A todo ello se suma la crisis climática, que tiene consecuencias en riesgos para las comunidades y los medios de vida de las personas.
La inestabilidad política y una coyuntura económica adversa fueron las principales causas de la situación de alto riesgo en las democracias en algunos países de la región. Igualmente, la región tuvo que lidiar con altos niveles de inflación, el aumento de la violencia y la crisis migratoria.
La coyuntura económica dificulta la capacidad de los países para retomar el camino hacia un crecimiento sostenible. Según datos del Banco Mundial, la pobreza monetaria sigue estando a un nivel alto, con 28,5 %. Y aunque la tasa de desempleo en la región baja al 7,2 % (OIT), la proporción del empleo formal ha caído casi cinco puntos porcentuales. Los grupos de población más afectados por ello son mujeres, jóvenes y mayores, concentrados mayormente en zonas rurales.
El año 2022 fue testigo de fluctuaciones migratorias sin precedentes en la región debido a las crisis sociopolíticas, económicas, la violencia y los efectos del cambio climático. Las personas en tránsito se enfrentaron a factores y dificultades impuestos por la naturaleza, los gobiernos o los grupos delictivos.
Trece de los 50 países más afectados por el cambio climático se encuentran en América Latina. El cambio climático tiene profundos impactos en los ecosistemas, la seguridad alimentaria e hídrica y la disminución de los rendimientos agrícolas. Frente a crisis súbitas, los gobiernos se ven en dificultades para hacer frente a las consecuencias para la salud, la alimentación, el agua, la energía y el desarrollo socioeconómico de la región. En el caso de Sudamérica la gestión de riesgos constituye un importante reto a abordar.